El ministro destaca avances en igualdad penitenciaria y condecoraciones a figuras como el rector de la UNED, mientras un imputado en el caso Leire recibe medalla de plata
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha anunciado hoy que las prisiones con módulos mixtos —donde conviven reclusos hombres y mujeres en programas terapéuticos— han pasado de 8 en 2018 a 33 en 2026, el 50% de los centros penitenciarios españoles. La medida busca «revertir desigualdades históricas» y fomentar relaciones basadas en la corresponsabilidad, según declaró en el acto por La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias.
Estos módulos, que ya operan en prisiones como la de Granada, permiten a internos de ambos géneros compartir espacios de trabajo en áreas como adicciones o salud mental. Marlaska los calificó como «iniciativa nuclear» para romper roles de género tradicionales, aunque no detalló plazos ni presupuesto adicional para su expansión.
El anuncio llega en un contexto de tensiones por la gestión penitenciaria: el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha criticado en informes recientes la saturación carcelaria, que supera el 120% en algunas comunidades. Mientras, el PP y Vox exigen mayor rigor en los permisos de salida, una competencia que el Gobierno ha defendido como «avance en reinserción».
El acto también incluyó condecoraciones: la medalla de oro al Mérito Penitenciario reconoció al director del Centro de Granada y al consejero técnico de Relaciones Institucionales, mientras la medalla de oro al Mérito Social fue para Ricardo Mairal, rector de la UNED. Sin embargo, la entrega más polémica fue la medalla de plata al director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, imputado en el caso Leire por supuesta prevaricación en la investigación de la muerte de la joven. La distinción, entregada por Marlaska junto a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha reavivado el debate sobre la independencia judicial en casos con implicados en instituciones.
La apuesta por los módulos mixtos contrasta con el recorte del 3% en la partida penitenciaria para 2027, aprobado en los Presupuestos Generales. Mientras, la Asociación de Familiares de Presos ha pedido más recursos para programas de reinserción, un área donde el Gobierno invierte un 18% menos que en 2020.
