La única autopista que une León y Asturias, declarada ilegal por la Comisión Europea, acumula críticas por su coste y falta de alternativas
Comisiones Obreras (CCOO) de León y Asturias han exigido este jueves al Gobierno central la supresión inmediata del peaje de la AP-66, en el tramo conocido como Huerna, que conecta ambas provincias. La organización sindical lo califica de «abusivo, injusto y declarado ilegal por Bruselas», mientras alerta de que diariamente circulan por él más de 10.000 vehículos, sin alternativas viables.
El peaje, gestionado por la empresa Autopistas del Huerna, es el único punto de pago obligatorio en la red de autopistas que une León y Asturias. Según CCOO, su mantenimiento «recarga el coste sobre los usuarios» en una vía que, además, carece de competencia real: la alternativa por carretera convencional (N-630) multiplica el tiempo de viaje y presenta riesgos por su trazado montañoso. La sentencia de la Comisión Europea, citada por el sindicato, considera que el peaje incumple normativas comunitarias sobre libre circulación de mercancías y servicios, aunque no detalla plazos para su eliminación.
La presión sindical llega en un contexto de tensiones recurrentes por infraestructuras de pago en España. Mientras, el Gobierno autonómico asturiano —que no gestiona directamente la AP-66— ha evitado pronunciarse públicamente, aunque fuentes de la Consejería de Fomento reconocen «el problema de conectividad» entre ambas regiones. La AP-66, inaugurada en 2003, fue concebida como eje estratégico para el transporte de mercancías, pero su modelo de financiación (basado en peajes) ha generado controversia desde su apertura.
La movilización de CCOO incluye una campaña con datos concretos: el 78% de los usuarios encuestados en 2025 (según su informe interno) considera el peaje «desproporcionado» frente a su utilidad real. La organización reclama al Ministerio de Transportes que asuma la competencia, ya que la concesión actual vence en 2030. Mientras, en León, el ayuntamiento ha sumado su voz: el alcalde, Óscar Puente, ha solicitado en varias ocasiones a la Junta de Castilla y León que impulse una solución, sin éxito hasta ahora.
La supresión del peaje —si se materializa— requeriría una inversión pública estimada en mínimo 50 millones de euros para asumir su mantenimiento, según cálculos internos de CCOO citados en su comunicado. El sindicato advierte de que, de no actuar, la vía podría quedar obsoleta: el 42% de los vehículos que la usan son furgonetas de reparto, un sector clave para la economía regional, pero también el más afectado por los costes actuales.
