Mónica García y Óscar Puente chocan en redes: el primero acusa a Ada Colau de distraer la atención de los verdaderos responsables de la crisis de vivienda
Mónica García, ministra de Sanidad, y Óscar Puente, titular de Transportes, han mantenido este miércoles un cruce público en X por la moratoria antidesahucios que Sumar exige agilizar tras el desahucio de Maricarmen en Madrid. García, que ya había exigido llevar el Real Decreto Ley al Consejo de Ministros el próximo martes, acusó a Puente de confundir adversarios al responder a las declaraciones de Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y referente de Sumar.
Colau había calificado el desahucio de Maricarmen como un punto de inflexión y exigido a los partidos de Sumar que no sean cómplices de la cobardía del PSOE. Puente respondió con un mensaje directo: A mí, a izquierdista y a valiente, no me gana ni Colau ni nadie, recordando que él remunicipalizó el agua en Valladolid mientras Colau estaba al frente del Ayuntamiento de Barcelona.
La ministra de Sanidad replicó con un hilo en X: No es a Ada a quien hay que pedir cuentas sobre la situación de la vivienda. Con unas derechas que han impedido cualquier avance y un mercado especulativo feroz, es importante no confundirnos de adversario. García insistió en que el PSOE debe llevar al Consejo de Ministros el decreto que lleva meses en tramitación, mientras el PP, Junts y Vox han votado en contra en anteriores ocasiones.
El conflicto refleja las tensiones internas en el Gobierno sobre cómo abordar la crisis de vivienda. Mientras Sumar presiona para medidas urgentes, el PSOE debe equilibrar las demandas de su socio de coalición con las limitaciones impuestas por la oposición parlamentaria. La moratoria antidesahucios, que ya se ha discutido en anteriores consejos, podría ser aprobada en la próxima reunión, aunque su eficacia dependerá de su alcance y financiación.
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 72 años, ha reavivado el debate sobre la protección de los más vulnerables. Según datos del Ministerio de Vivienda, en 2025 se registraron más de 30.000 desahucios en España, un 12% más que en 2024. La presión social y política crece, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona, donde la especulación inmobiliaria ha disparado los precios del alquiler.
