El Reglamento de Armas clasifica el spray como arma, pero su venta sin licencia genera un conflicto legal que la Presidencia del Congreso usa para sancionar a la diputada del PP durante el debate sobre Ceuta
Ana Vázquez, diputada del Partido Popular, fue expulsada temporalmente del Congreso este miércoles tras exhibir un bote de gas pimienta durante una sesión de control al Gobierno. La Presidencia de la Cámara, dirigida por Francina Armengol, justificó la decisión al considerar que el spray —aunque algunos modelos se venden legalmente sin licencia— está expresamente incluido en el Reglamento de Armas como arma prohibida dentro del recinto parlamentario.
El incidente ocurrió durante la intervención de Vázquez en la Comisión de Interior, donde la diputada mostró el bote para ilustrar la situación de violencia que, según denuncia, sufren mujeres y niñas en Ceuta desde la llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio. Vázquez sostuvo que el gas pimienta está vacío y que es utilizado por las afectadas para protegerse,, pero la Presidencia argumentó que el artículo 5 del Reglamento de Armas prohíbe su tenencia en espacios públicos, independientemente de su comercialización legal en armerías.
El conflicto legal surge de una distinción clave: el Reglamento de Armas clasifica estos sprays como armas, pero permite su venta sin licencia para modelos aprobados por el Ministerio de Sanidad, previo informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos. La Presidencia del Congreso, sin embargo, aplica una norma interna más estricta: el artículo 101 de su Reglamento prohíbe expresamente el porte de armas en el hemiciclo, incluso si estas están permitidas fuera del recinto.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, respaldó a Vázquez y criticó la decisión de Armengol, calificándola de «disparate». Feijóo cuestionó si se procedería a detener a «todas las niñas y madres en Ceuta que llevan gas pimienta», subrayando el contraste entre la gestión del Gobierno en la crisis migratoria y la interpretación legal de la Presidencia.
La diputada, por su parte, insistió en que el gas pimienta «está totalmente excluido del reglamento de armas», una afirmación que choca con el texto legal. Fuentes de la Presidencia aclararon que el Reglamento «recoge claramente qué se considera arma», independientemente de que algunos modelos puedan venderse sin licencia.
El marco legal: ¿arma o producto de venta libre?
El Reglamento de Armas, aprobado en 2014 y modificado en 2017, define en su artículo 5 los sprays de defensa personal como armas prohibidas, salvo aquellos que cumplan requisitos específicos de seguridad y sean autorizados por Sanidad. Esta excepción no elimina su clasificación como arma, sino que regula su comercialización bajo condiciones estrictas, como la identificación del comprador y la venta exclusiva en armerías.
El conflicto refleja una tensión entre dos niveles de regulación: la normativa estatal, que permite la venta de ciertos modelos, y la normativa parlamentaria, que prohíbe su tenencia en el Congreso. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ha priorizado la seguridad en fronteras como Ceuta, la Presidencia de la Cámara aplica una interpretación estricta de su propio reglamento, sin flexibilidad para excepciones.
El caso también pone de manifiesto cómo la crisis migratoria en Ceuta —con más de 20.000 llegadas registradas desde julio— ha convertido el hemiciclo en escenario de debates sobre seguridad y derechos, donde gestos simbólicos como el de Vázquez escalan a conflictos legales. La expulsión temporal de la diputada, aunque revocable, marca un precedente sobre cómo el Congreso maneja incidentes que mezclan política y normativa.
Implicaciones políticas: ¿un gesto simbólico o un error de cálculo?
La reacción del PP, con Feijóo al frente, busca presentar el incidente como una «persecución» a la oposición por parte de la Presidencia, controlada por Sumar y Unidas Podemos. El líder popular vinculó la expulsión con la «hipocresía» del Gobierno, que tolera el uso de gas pimienta en Ceuta pero lo prohíbe en el Congreso, donde Vázquez solo pretendía «visibilizar» la situación.
Para Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, el episodio no altera la gestión de la crisis migratoria, pero la polémica refuerza la narrativa del PP sobre un «Estado fallido» en fronteras. Mientras, Vox ha aprovechado el caso para exigir mayor control policial en Ceuta, acusando al Gobierno de «normalizar» la violencia contra las mujeres locales.
La Presidencia, por su parte, evita profundizar en el debate político y se limita a aplicar el reglamento. Sin embargo, la expulsión de Vázquez —aunque temporal— podría utilizarse por la oposición para presionar por cambios en las normas parlamentarias sobre armas, especialmente en un contexto donde el Congreso se ha convertido en trinchera de la batalla por la seguridad.
El episodio también plantea preguntas sobre la coherencia entre la normativa estatal y la parlamentaria. Mientras el Gobierno permite la venta de gas pimienta bajo condiciones, el Congreso lo prohíbe en su recinto, creando un vacío legal que podría ser explotado por otros diputados en el futuro. La decisión de Armengol, aunque técnica, adquiere un peso político en un momento en que la gestión de la migración y la seguridad son ejes centrales del debate parlamentario.
