La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defiende su gestión mientras Sumar, Podemos y ERC reclaman acciones concretas; el decreto de vivienda sigue bloqueado en el Congreso
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha sido sometida este miércoles a una presión sin precedentes dentro de su propio Gobierno tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que vivió 70 años en una vivienda de Madrid hasta que un fondo de inversión elevó su alquiler de 500 a 1.650 euros mensuales. El caso, calificado como «muy dramático» por la propia Rodríguez, ha reabierto la fractura entre el PSOE y sus socios de Gobierno —Sumar, Podemos y ERC—, que exigen medidas inmediatas, mientras el Ejecutivo acusa a la Comunidad de Madrid y a Isabel Díaz Ayuso de obstaculizar soluciones.
El desahucio, ejecutado con dispositivo policial, ha sido condenado como «indecencia» y «vergüenza» por Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, quien ha exigido al Gobierno que apruebe el decreto de vivienda «el próximo martes». La presión de los socios ha escalado hasta el punto de que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ha pedido en redes sociales detener el desahucio «de inmediato» y ha tachado las imágenes de «no dignas» para el Gobierno que representan.
Rodríguez ha situado el caso en el terreno de la «especulación salvaje» y ha asegurado que el Gobierno intentó mediar con el fondo propietario,, pero ha sido criticada por su «suavidad» por Gabriel Rufián, portavoz de ERC, quien ha advertido de que la vivienda «arrasará» al Ejecutivo. «¿Por qué la ministra más suave del Consejo de Ministros está al frente de una crisis insostenible?», cuestionó Rufián, mientras Tesh Sidi, diputada de Más Madrid, abandonó el hemiciclo visiblemente afectada durante la intervención de la ministra.
El decreto de vivienda, que incluye medidas antidesahucios, lleva semanas bloqueado en el Congreso por la oposición de PP, Vox y Junts, partidos que ya tumbaron la prórroga de la moratoria antidesahucios. Rodríguez ha reclamado el apoyo parlamentario, pero sus socios le exigen acciones concretas: Alberto Ibáñez, de Compromís, ha acusado al Gobierno de tener «el BOE en sus manos» sin actuar, mientras Javier Sánchez Serna, de Podemos, ha denunciado la «violencia injustificada» de los agentes durante el desahucio.
El decreto de vivienda: ¿qué medidas incluye y por qué no avanza?
El real decreto ley de vivienda que el Gobierno lleva semanas negociando incluye, según Rodríguez, «medidas antidesahucios» específicas para casos como el de Maricarmen. Sin embargo, su aprobación requiere los votos de Sumar, Podemos y ERC —precisamente los grupos que ahora exigen más contundencia—. El texto, que ya fue criticado por los socios por ser «insuficiente», enfrenta ahora el rechazo de la oposición, que bloquea cualquier avance legislativo en materia de vivienda desde 2023.
El decreto contempla, entre otras medidas, la limitación de los alquileres en zonas pensionadas, la ampliación de la moratoria antidesahucios para colectivos vulnerables y la creación de un fondo estatal para alquileres sociales. Pero su tramitación se ha estancado por la falta de consenso interno: mientras el PSOE prioriza la negociación con la oposición, sus socios reclaman medidas ejecutivas inmediatas, como la expropiación de viviendas vacías o la regulación directa de fondos de inversión.
El caso de Maricarmen, no obstante, ha añadido urgencia al debate. La ministra ha insistido en que el Gobierno «ha intentado mediar» con el fondo propietario, pero los socios señalan que las soluciones legales —como la suspensión de desahucios por impago— requieren tiempo y burocracia que Maricarmen ya no tiene. «No podemos esperar a que el decreto se apruebe cuando la gente está en la calle», advirtió Sánchez Serna.
El papel de la Comunidad de Madrid: ¿sabotaje o falta de competencias?
Rodríguez ha acusado directamente a la Comunidad de Madrid y a Isabel Díaz Ayuso de trabajar «en la dirección contraria» a las soluciones. El Gobierno central alega que la región no ha aplicado con rigor las competencias estatales en materia de vivienda protegida, mientras Ayuso ha defendido que las ayudas ya existen pero «no llegan» a los afectados. El conflicto refleja la tensión entre las comunidades autónomas y el Ejecutivo por las competencias en vivienda: mientras el Estado puede regular alquileres y fondos de inversión, las autonomías gestionan las políticas sociales y los recursos locales.
En el caso concreto de Madrid, la región ha desplegado un plan de emergencia con 50 millones de euros para alquileres sociales, pero los socios del Gobierno denuncian que estos fondos son «insuficientes» y «lentos». «Ayuso tiene las llaves de la solución, pero prefiere culpar al Gobierno», afirmó Rufián, quien recordó que ERC ya alertó en 2024 sobre la especulación en la región. La Comunidad, por su parte, ha rechazado cualquier responsabilidad y ha atribuido el desahucio a «problemas de mercado» fuera de su ámbito.
¿Qué pasa ahora? El calendario político y las próximas batallas
El Gobierno tiene ahora un plazo crítico: el decreto de vivienda debe aprobarse antes de que finalice el año, cuando caduque la moratoria antidesahucios actual. Si no se aprueba, miles de familias en situación vulnerable quedarán expuestas a desahucios masivos, según advierten los socios. Rodríguez ha anunciado que presentará una nueva versión del decreto «en las próximas semanas», pero la presión de Sumar y Podemos obligar al PSOE a ceder en puntos clave, como la expropiación de viviendas vacías o la regulación de los fondos buitre.
Mientras, la oposición ha lanzado una ofensiva: PP y Vox han anunciado que presentarán una proposición de ley alternativa para «flexibilizar» el mercado de alquileres, mientras Junts ha amenazado con bloquear cualquier medida que considere «intervencionista». El escenario más probable es un nuevo pulso en el Congreso, donde el Gobierno necesitará los votos de sus socios para evitar un nuevo varapalo parlamentario.
El caso de Maricarmen, en cualquier caso, ha servido para exponer la fractura interna del Ejecutivo. Mientras Rodríguez defiende su gestión, los socios exigen «mano dura» y el PSOE se ve obligado a negociar con partidos que, hasta hace unos días, criticaban su «lentitud». La pregunta que queda en el aire es si el Gobierno podrá actuar a tiempo —o si la crisis de vivienda se convertirá en el talón de Aquiles de la legislatura.
