El Gobierno de Sánchez insiste en vincular el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la UE a la entrada de nuevos países, pero Bruselas lo tacha de ‘debate adicional’
Fernando Sampedro, secretario de Estado para la UE, defendió este martes en Bruselas la propuesta española de condicionar la ampliación de la Unión Europea al reconocimiento oficial del catalán, euskera y gallego, pero tres países —Alemania, Suecia y Lituania— rechazaron públicamente la medida en el Consejo de Asuntos Generales (CAG). La iniciativa, ya adelantada por José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, busca que estas lenguas sean oficiales en la UE antes que otras, lo que podría bloquear la adhesión de Montenegro y, en el futuro, de Ucrania.
El rechazo más contundente llegó de Lituania, que advirtió de que la propuesta española ‘no es tolerable’ y que ‘las cuestiones relativas a las lenguas oficiales de los Estados miembros no deben vincularse a la ampliación’. Sigitas Mitkus, viceministro de Exteriores lituano, insistió en que la UE debe evitar ‘debates adicionales’ en este proceso, donde países como Montenegro ya avanzan en negociaciones. Alemania, por su parte, criticó la ‘bilateralización’ de la integración europea, mientras Suecia defendió que la ampliación debe priorizarse sin condicionantes lingüísticos.
Pese al rechazo, fuentes del Ministerio de Exteriores español calificaron la reunión como un ‘éxito’, asegurando que ‘ningún Estado miembro rechazó’ la propuesta, aunque sí hubo críticas formales. La tensión refleja el conflicto entre la defensa de la diversidad lingüística española y la urgencia de la UE por incorporar a nuevos miembros, especialmente en un contexto geopolítico marcado por la guerra en Ucrania.
El precedente de 2023: cuando España ya intentó vincular lenguas y ampliación
Esta no es la primera vez que España intenta condicionar la ampliación de la UE a cuestiones lingüísticas. En 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez propuso formalmente que el catalán, euskera y gallego fueran reconocidos como lenguas oficiales de la UE antes de que otros idiomas de países candidatos —como el serbio o el ucraniano— obtuvieran el mismo estatus. La idea, entonces, fue presentada como una forma de proteger el ‘patrimonio lingüístico’ español, pero fue recibida con escepticismo en Bruselas, donde se argumentó que la ampliación no debía verse afectada por disputas internas de los Estados miembros.
En esa ocasión, países como Polonia y Hungría mostraron su apoyo a la idea, pero la mayoría de los socios europeos —incluidos los países nórdicos— la consideraron un obstáculo innecesario. La propuesta no prosperó, y la UE mantuvo su enfoque en acelerar la adhesión de Montenegro, Serbia y Ucrania, especialmente tras la invasión rusa de 2022. Ahora, con Lituania a punto de asumir la presidencia rotatoria de la UE en 2027, el tema vuelve a ser un punto de fricción, ya que el país báltico ve en la iniciativa española un intento de ‘frenar’ el proceso de ampliación.
¿Por qué Ucrania y Montenegro son clave en este conflicto?
La propuesta española no es solo un tema lingüístico, sino también geopolítico. Ucrania, candidata a la UE desde 2022, es vista como un ‘escudo’ contra Rusia, especialmente por su capacidad para fabricar drones, clave en la guerra. Lituania, que asumirá la presidencia de la UE en 2027, ha sido uno de los países más firmes en defender su incorporación rápida, junto a Suecia y Alemania. Montenegro, por su parte, es el país que más ha avanzado en las negociaciones de adhesión, con 13 de los 35 capítulos abiertos.
Si España lograra imponer su condición, ambos países podrían verse obligados a negociar el estatus de sus lenguas —el serbio en el caso de Montenegro y el ucraniano en el de Ucrania— antes de su entrada, lo que retrasaría un proceso ya de por sí lento. Lituania, en particular, ha advertido de que cualquier vinculación entre lenguas y ampliación ‘sentaría un precedente peligroso’, ya que otros países podrían exigir condiciones similares en el futuro.
Reacciones en el Gobierno español: ¿una estrategia política o un gesto simbólico?
Desde el Ministerio de Exteriores, se insiste en que la propuesta no busca ‘bloquear’ la ampliación, sino ‘garantizar’ que las lenguas cooficiales españolas tengan el mismo reconocimiento que otras en la UE. Sin embargo, analistas consultados por ElectionLAB señalan que la medida podría tener un componente político interno, especialmente en un contexto de tensiones con partidos independentistas como ERC o Junts, que podrían interpretar el gesto como un apoyo a sus reivindicaciones.
Por otro lado, la iniciativa también podría afectar a la relación de España con otros países de la UE, especialmente aquellos con minorías lingüísticas propias, como Bélgica (con el flamenco y el francés) o Italia (con el alemán y el esloveno). La Comisión Europea, hasta ahora, no ha tomado postura pública, pero fuentes cercanas al proceso advierten de que cualquier intento de condicionar la ampliación podría ser visto como un ‘obstáculo’ por parte de Bruselas.
Mientras, en el Parlamento Europeo, eurodiputados de partidos como el PPE (centroderecha) y René (centro) han mostrado su preocupación por la medida, argumentando que la ampliación debe basarse en criterios de ‘merito’ y no en ‘preferencias lingüísticas’. La próxima presidencia lituana de la UE en 2027 podría ser clave para determinar si la propuesta española tiene futuro o queda relegada a un gesto simbólico.
