El presidente de la Generalitat culpa al Consejo Superior de Evaluación de no alertar a tiempo a los centros escolares, once meses después del primer aviso
Salvador Illa ha reconocido este miércoles ante el Parlamento de Cataluña «errores graves e inaceptables» en la gestión del fiasco de las pruebas PISA 2025, que dejaron sin publicar los resultados de la comunidad por un absentismo del 23,2% —20 puntos por encima del límite permitido—. El informe, que debía evaluar el sistema educativo catalán, quedó invalidado por una tasa de exclusión que superó en casi cinco veces el umbral del 5% exigido para su validez.
Según explicó Illa, la responsabilidad recae principalmente en el Consejo Superior de Evaluación, órgano dependiente de su propio departamento de Educación. El presidente de la Generalitat detalló que, tras un primer aviso interno en diciembre de 2024 —cuando ya se detectaron las primeras irregularidades—, no se comunicó a tiempo a los centros escolares que aún no habían realizado las pruebas. Además, la alerta no llegó a los niveles de decisión hasta febrero de 2026, once meses después del inicio de los exámenes en octubre de 2024.
El absentismo récord —el 23,2% frente al 5% máximo permitido— se produjo por errores en la interpretación y transmisión de los protocolos. Illa evitó atribuir una culpa directa al Consejo, pero subrayó que la falta de coordinación prolongó el problema hasta que ya no había margen para corregirlo. La Generalitat no ha confirmado aún si se repetirán las pruebas en Cataluña para 2027, aunque fuentes del departamento ya trabajan en un plan de contingencia.
El caso reviste especial gravedad porque PISA es el único informe internacional que evalúa el rendimiento educativo de Cataluña en comparación con el resto de España y la OCDE. La exclusión de los datos en 2025 —cuando la media de absentismo en la prueba en Europa ronda el 10%— deja a la comunidad sin benchmarking oficial durante al menos dos años, según expertos consultados por El Debate. La próxima edición de PISA, prevista para 2028, podría verse afectada si no se corrigen los fallos de coordinación.
El Consejo Superior de Evaluación, máximo órgano técnico de la educación en Cataluña, depende directamente de la conselleria de Educación, que dirige Jordi Puigneró. Illa no mencionó al conseller en sus declaraciones, pero fuentes parlamentarias señalan que la falta de transparencia en la cadena de mando podría derivar en una comisión de investigación en el Parlament.
