El president catalán defiende su gestión educativa ante un consenso parlamentario roto: solo el PSC apoya al Govern, mientras ERC, Junts, PP y Vox piden la dimisión de la consellera
Salvador Illa, president de la Generalitat, comparece este miércoles en el Parlament para explicar el error que excluyó a Cataluña de los resultados de las pruebas PISA. La sesión marca el inicio de una semana clave: el viernes, el Govern convocará una reunión para buscar un pacto educativo, aunque el PP duda de asistir y Vox ya ha anunciado su boicot.
El fraude en PISA —reconocido por Illa antes del verano— ha desatado una crisis política. Los partidos, excepto el PSC, exigen la dimisión de la consellera de Educación, Esther Niubó. El PP condiciona su participación en el pacto al cese de Niubó y reclama cumplir las sentencias sobre el modelo de inmersión lingüística. Vox va más allá: pide la dimisión de Illa si no destituye a Niubó.
Junts y ERC, aunque críticos, apuestan por un diálogo amplio. Junts propone un pleno monográfico y medidas para mejorar salarios, reducir burocracia y reforzar el catalán en las aulas. ERC, por su parte, busca un «gran pacto de país» con expertos independientes para diseñar políticas a largo plazo, evitando soluciones coyunturales.
El Govern defiende su gestión con cifras: 2.600 millones para bajar ratios y 2.500 millones en cinco años para climatizar las 2.530 escuelas públicas. Sin embargo, el malestar docente persiste, con huelgas recurrentes y demandas de más recursos. La CUP y los Comuns coinciden en exigir la dimisión de Niubó y piden acelerar la climatización a dos años, no cinco.
La reunión del viernes será clave. Solo el PSC respalda al Govern, mientras el resto de fuerzas —excepto Alianza Catalana, que asiste por primera vez— buscan imponer sus condiciones. El conflicto educativo, ya estructural, se agrava con la polarización política y la falta de consenso.
