La Abogacía del Estado recurre la paralización de altas censales para evitar que el censo cierre con inscripciones masivas sin revisión
Solo 16 consulados acumulan el 84,5% de las inscripciones bajo la ley de memoria democrática, según datos oficiales. La Abogacía del Estado ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para impugnar la paralización de altas censales hasta que se separen los expedientes de la polémica instrucción de 2022, que amplió los beneficiarios de la ‘ley de nietos’. El plazo para cerrar el censo vence el 1 de enero de 2027.
Las cifras revelan una concentración extrema: los consulados de La Habana, Rosario, Buenos Aires, Ciudad de México, Caracas y Mendoza suman 142.739 de las 168.896 inscripciones totales (84,5%). Esta acumulación, según el recurso, hace inviable el análisis individualizado antes de la fecha límite. La instrucción de 2022, firmada por Sofía Puente —hermana del ministro de Transportes—, fue criticada por convertir la nacionalización en un ‘coladero’ al ampliar los criterios de aplicación.
El Tribunal Supremo deberá resolver si se mantiene la paralización o se permite el cierre del censo con inscripciones masivas sin revisión. La decisión afecta directamente a los 25.000 expedientes restantes, que podrían quedar fuera del plazo si no se separan a tiempo. La Abogacía del Estado argumenta que la moratoria actual perjudica a los ciudadanos que cumplen los requisitos legales originales.
La ‘ley de nietos’ —aprobada en 2022— permite la nacionalización española a descendientes de exiliados por la Guerra Civil. La instrucción de Puente, sin embargo, generó controversia al extender sus beneficios a casos no previstos inicialmente. El recurso ante el Supremo busca evitar que el censo cierre con inscripciones masivas sin garantías de legalidad.
