Antxon Alonso Egurrola, imputado en el ‘caso Cerdán’, impulsó el proyecto en 2017 y 2022 como ‘project manager’ para una promotora local
Íñigo Urkullu y su Gobierno vasco aprobaron en 2023 un plan urbanístico en Elgoibar (Guipúzcoa) sin analizar su impacto en la línea de tren Bilbao-San Sebastián, gestionada por el Euskotren. El proyecto, impulsado por Antón Alonso Egurrola, dueño de Servinabar e imputado en el ‘caso Cerdán’, fue aprobado por el departamento de Arantxa Tapia (ahora presidenta de la Fundación Sabino Arana del PNV) pese a la proximidad del trazado ferroviario.
El Plan Parcial de Kafkiano (PPK), incluido en el Plan General de Ordenación Urbana (PLOU) de Elgoibar, fue contratado en 2017 y 2022 por una promotora local a Alonso Egurrola como ‘project manager’. Aunque el proyecto requería consulta con el departamento de Iñaki Arriola (Planificación Territorial, Vivienda y Transportes), fue aprobado por el área de Tapia (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) sin evaluar riesgos para la infraestructura ferroviaria.
El Euskotren, red ferroviaria vasca, podría verse afectada por la reforma urbanística, pero el Gobierno vasco no realizó un análisis previo de los riesgos, según los datos disponibles.
El ‘caso Cerdán’ y el conflicto de intereses
El ‘caso Cerdán’ involucra a Santos Cerdán, empresario natural de Elgoibar y vinculado a proyectos urbanísticos en la zona. Alonso Egurrola, imputado en esta investigación, trabajó como ‘project manager’ para impulsar el PPK, lo que ha generado dudas sobre posibles conflictos de intereses. El proyecto sigue en pie, pese a la falta de evaluación de riesgos para el Euskotren.
¿Qué dice la ley?
Según la normativa vasca, cualquier proyecto urbanístico que pueda afectar a infraestructuras públicas, como las gestionadas por el Euskotren, debe ser evaluado por el departamento competente en transportes. En este caso, el departamento de Arriola no fue consultado, lo que podría vulnerar los protocolos establecidos. La aprobación del proyecto correspondió al área de Tapia, que no tiene competencias directas en transporte ferroviario.
¿Qué sigue ahora?
El proyecto urbanístico sigue en tramitación, pero la falta de evaluación de riesgos para el Euskotren podría abrir una investigación administrativa o judicial. La oposición y los vecinos de Elgoibar podrían exigir una revisión del proceso, especialmente si se demuestra que el Gobierno vasco incumplió los protocolos de consulta.
Mientras tanto, el PNV, partido de gobierno en el País Vasco, deberá aclarar si esta aprobación responde a un error burocrático o a una decisión política que priorizó intereses locales sobre la seguridad ferroviaria.
