Bruselas rechaza vincular la oficialidad del catalán, euskera y gallego al proceso de adhesión de Montenegro, mientras Alemania y Suecia advierten de ‘mala costumbre’ en las negociaciones
Fernando Sampedro, secretario de Estado para la Unión Europea, anunció este martes en Bruselas que España podría vincular el reconocimiento oficial del catalán, euskera y gallego en la UE a su apoyo en las negociaciones de ampliación del bloque, especialmente en el caso de Montenegro. La medida, presentada durante el Consejo de Asuntos Generales (CAG), enfrenta resistencia de varios socios europeos, que consideran que el tema lingüístico no es prioritario en el proceso de adhesión del país balcánico.
El Gobierno español asegura que ya ha aportado «todos los análisis de la abogacía del Estado» para demostrar que la inclusión de estas lenguas en el listado oficial de la UE es viable sin modificar los Tratados. Sin embargo, los Servicios Jurídicos del Consejo Europeo han planteado «dificultades legales» significativas, según reconoció Thomas Byrne, ministro irlandés de Asuntos Europeos —actual presidente rotatorio del Consejo—, quien instó a Madrid a mantener un diálogo técnico con los Estados reticentes.
La propuesta española requiere unanimidad en la mesa del Consejo, un umbral que complica su aprobación. Mientras, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español subrayaron que «ningún Estado miembro ha rechazado» la petición, aunque sí han expresado «preocupaciones» sobre su viabilidad jurídica.
El secretario de Estado alemán para Europa, Günther Krichbaum, criticó abiertamente la estrategia española: «Lamentablemente, en la UE existe la mala costumbre de que los Estados miembros planteen exigencias a sus vecinos aspirantes, creyendo que pueden imponer sus posiciones mediante presión». Krichbaum advirtió que esta táctica podría «bloquear o retrasar» el proceso de adhesión de Montenegro, donde ya se negocia la inclusión del montenegrino como idioma oficial.
Byrne matizó que, por ahora, «este cálculo no ha formado parte» de las negociaciones con Montenegro, pero reconoció que el tema lingüístico «no se resolverá en un plazo corto». El ministro irlandés defendió, no obstante, que el Ejecutivo español actúa «de buena fe» y representa a «millones de personas» que hablan estas lenguas, citando como ejemplo la participación de catalanoparlantes en reuniones del Consejo.
El calendario de la ampliación sigue su curso, pero el conflicto lingüístico añade un nuevo foco de tensión. Mientras, el Gobierno español insiste en que su propuesta no ha sido rechazada y que los socios muestran «disposición al diálogo».
El precedente legal: ¿puede la UE añadir lenguas sin modificar los Tratados?
La Constitución europea no establece un límite máximo de lenguas oficiales, pero su inclusión requiere unanimidad entre los Estados miembros. Hasta ahora, la UE reconoce 24 lenguas oficiales, aunque solo 20 tienen estatus de «trabajo» en las instituciones. El catalán, euskera y gallego —hablados por unos 10 millones de personas en España— no están incluidos en este listado.
El Gobierno español argumenta que la abogacía del Estado ha demostrado que su incorporación es posible sin reformas legales. Sin embargo, los Servicios Jurídicos del Consejo han señalado «dificultades técnicas», especialmente en lo relativo a la financiación y la logística de su implementación en las instituciones comunitarias. Este escollo legal podría retrasar indefinidamente la petición, incluso si los Estados miembros llegaran a un acuerdo político.
Implicaciones políticas: ¿un arma de presión o un derecho lingüístico?
La estrategia española de vincular el reconocimiento lingüístico a la ampliación de la UE ha generado rechazo en varios frentes. Alemania, Suecia y Lituania han rechazado explícitamente que Madrid condicione su apoyo a Montenegro bajo esta premisa. Krichbaum fue contundente: «No comparto este enfoque», advirtiendo de que podría sentar un «mala costumbre» en las negociaciones futuras.
Para los partidos independentistas catalanes y vascos, la oficialidad de sus lenguas en la UE sería un avance simbólico y político clave. Sin embargo, su inclusión choca con la reticencia de otros Estados, que temen abrir un precedente para futuras peticiones de lenguas minoritarias en otros países. Por ejemplo, en Francia ya se ha planteado la posibilidad de reconocer el occitano o el corso como lenguas cooficiales, lo que podría generar un efecto dominó en el resto de la UE.
Mientras, el proceso de adhesión de Montenegro avanza con otros temas prioritarios, como la reforma judicial o la lucha contra la corrupción. La UE ya ha incluido en el tratado de adhesión la opción de incorporar el montenegrino como idioma oficial, un gesto que contrasta con la postura española. Byrne evitó pronunciarse sobre si la petición española podría bloquear el avance de Montenegro, pero dejó claro que «las demás cuestiones son para discutirlas otro día».
El debate sobre las lenguas cooficiales en la UE no es nuevo. En 2019, el Parlamento Europeo aprobó una resolución pidiendo la inclusión del catalán, euskera y gallego, pero la Comisión Europea no ha dado pasos concretos. La actual propuesta del Gobierno español, aunque presentada como un derecho lingüístico, podría interpretarse como una maniobra de presión política en un momento clave para la ampliación del bloque.
La tensión entre el derecho lingüístico y la geopolítica europea queda patente en las declaraciones de Byrne: «Hay apoyo al multilingüismo en toda la mesa del Consejo, pese a algunas preocupaciones». Pero, como añadió, «no estoy seguro de que vayan a resolverse en un plazo muy corto».
