El Govern de Salvador Illa prohíbe los móviles en las aulas, limita la IA educativa hasta los 14 años y defiende el libro de texto como referencia obligatoria
Salvador Illa, presidente de la Generalitat, ha anunciado este martes un paquete de 60 medidas inmediatas para regular el uso de pantallas entre menores en Cataluña, junto con un anteproyecto de ley que reconocerá por primera vez los *derechos digitales de la infancia* y se presentará en marzo de 2027. La iniciativa, impulsada tras la publicación de una guía que alerta sobre los riesgos del exceso de pantallas, incluye prohibiciones concretas en el ámbito educativo y un mensaje directo a las tecnológicas: *»Ninguna plataforma digital está por encima de ningún niño»*.
El Govern catalán actúa en un contexto de creciente preocupación por el impacto de las pantallas en el desarrollo infantil, con medidas que afectan directamente a escuelas, familias y empresas tecnológicas. Las propuestas, que se aprobarán el próximo lunes, buscan equilibrar el uso digital con hábitos tradicionales de aprendizaje, como la lectura y la escritura manual, en un debate que trasciende lo educativo y llega a la regulación legal.
La medida más visible es la prohibición de los teléfonos móviles en la educación obligatoria, aunque Illa matizó que se trata de una *»opinión personal»* y que el Govern escuchará las propuestas de los sectores educativos. Junto a esto, se limitará el uso de inteligencia artificial en las escuelas hasta los 14 años, una restricción que choca con el auge de herramientas como chatbots en la enseñanza. El presidente catalán también defendió el retorno del *libro de texto como referencia obligatoria* en las aulas, en contraste con el modelo digitalizado que predomina en otras comunidades.
El paquete de medidas incluye, además, la creación de un *modelo propio de bienestar digital para la infancia*, que Cataluña pretende ser la primera comunidad autónoma en implementar. Este marco, que se desarrollará en un anteproyecto de ley para 2027, incluirá mecanismos de coordinación y evaluación para garantizar su aplicación, así como la colaboración con el Gobierno central, instituciones europeas y empresas tecnológicas.
Las medidas se enmarcan en un debate más amplio sobre el papel de la tecnología en la educación, donde Cataluña se posiciona como pionera en regulación. Mientras otras comunidades autónomas avanzan en políticas similares, el Govern catalán apuesta por un enfoque integral que combine prohibiciones concretas con un marco legal sólido, algo que podría servir de referencia para otras regiones.
El contexto: un debate que trasciende lo educativo
La iniciativa de Illa llega en un momento de creciente tensión entre el uso de pantallas y el desarrollo infantil. Estudios recientes, como los publicados por la *Organización Mundial de la Salud (OMS)*, advierten sobre los riesgos del exceso de tiempo frente a pantallas en menores de 18 años, vinculándolo con problemas de sueño, obesidad y dificultades de concentración. En España, comunidades como Andalucía o Madrid han implementado medidas similares, aunque sin un marco legal tan ambicioso como el catalán.
El Govern catalán justifica su propuesta en datos concretos: según la guía publicada, el 70% de los menores de 10 años en Cataluña supera el tiempo recomendado de pantalla (máximo 2 horas diarias). La medida busca revertir esta tendencia, aunque su aplicación práctica chocará con la resistencia de familias y escuelas acostumbradas a la digitalización.
El debate también incluye tensiones políticas. Mientras partidos como *Junts per Cataluña* y *Ezquerra Republicana* apoyan la regulación, el *Partido Popular* ha criticado la medida como *»intervencionismo innecesario»*, argumentando que la responsabilidad recae en las familias. La *Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE)* ha mostrado cautela, pidiendo *»un diálogo previo con los colegios»* antes de aplicar prohibiciones.
Implicaciones: ¿un modelo replicable para el resto de España?
Si el anteproyecto de ley se aprueba en 2027, Cataluña se convertiría en la primera comunidad autónoma en reconocer *derechos digitales para menores*, un concepto aún en desarrollo en el ámbito legal español. La normativa podría servir de referencia para otras regiones, especialmente en un contexto donde el uso de pantallas en la infancia sigue creciendo: según el *Instituto Nacional de Estadística (INE)*, el 95% de los menores de 14 años en España usa internet a diario.
Sin embargo, el éxito de las medidas dependerá de su aplicación práctica. La prohibición de móviles en las aulas, por ejemplo, ya existe en algunos colegios catalanes, pero su cumplimiento es irregular. Illa ha reconocido que el Govern *»escuchará a los sectores educativos»*, lo que podría diluir algunas de las propuestas más contundentes. Además, la colaboración con empresas tecnológicas —clave para el marco legal— podría generar conflictos, especialmente si estas ven limitadas sus herramientas en el ámbito educativo.
El mensaje final de Illa es claro: *»No se trata de prohibir la tecnología, sino de regularla para proteger a los niños»*. Pero en un debate donde lo educativo se mezcla con lo político y lo legal, el verdadero desafío será equilibrar la innovación con la protección de los menores, sin caer en medidas que puedan ser vistas como *»retroceder en el tiempo»*.
Mientras tanto, el Parlament catalán se prepara para debatir el acuerdo sobre educación, donde este paquete de medidas podría convertirse en un punto de conflicto entre los partidos. La pregunta que queda en el aire es si otras comunidades seguirán el ejemplo catalán, o si, por el contrario, la iniciativa quedará relegada a un debate local sin mayor impacto nacional.
