El PP y Vox exigen devolver a Marruecos a todos los menores migrantes; Sumar defiende su acogida total y acusa a la derecha de instrumentalizar la crisis
Pedro Sánchez respondió este verano a las críticas de Juan Vivas, presidente de Ceuta, sobre la gestión de los menores migrantes con un escueto «eso, a Vivas». La frase, pronunciada tras un pleno del Congreso, resume el distanciamiento entre el Gobierno y la ciudad autónoma, donde el Ejecutivo central y el presidente local chocan frontalmente sobre el destino de los menores que llegaron a España en julio.
Mientras el PP y Vox exigen la devolución «inmediata» a Marruecos de todos los migrantes —incluidos los menores—, el Ministerio de Juventud e Infancia, liderado por Sira Rego (Sumar), mantiene que ninguno debe ser devuelto. La postura del Gobierno contrasta con la de la derecha, que acusa a Marruecos de orquestar un «ataque híbrido» para desestabilizar España, una teoría que el Ejecutivo rechaza oficialmente.
La tensión recuerda a la crisis de Canarias en 2024, cuando Santiago Abascal rompió con el PP para liderar la oposición frontal. Hoy, sin embargo, Vox prioriza las coaliciones autonómicas —Extremadura, Aragón, Andalucía y Castilla y León— sobre la confrontación con los populares. Aunque admiten que la ley actual limita sus opciones, insisten en que el Gobierno no agiliza los procesos para identificar a los menores y reunirlos con sus familias, objetivo que repiten como solución única.
El PP, por su parte, reconoce que algunos menores ya han sido trasladados a otras comunidades autónomas, pero evita criticar abiertamente al Gobierno. Vox, en cambio, acusa a Sánchez de hipocresía: «No se puede aceptar lo que no se puede rechazar», señalan fuentes del partido, que exigen más funcionarios en Ceuta para acelerar las filiaciones y facilitar las devoluciones.
La crisis llega en un contexto político clave: las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027 y las generales, que podrían celebrarse ese mismo año. Para Vox, gobernar en Andalucía y Castilla y León obliga a moderar su discurso, aunque mantienen su línea dura en Ceuta. El Gobierno, por su parte, se aferra a la legalidad y a la protección de los menores, pero la falta de consenso con las autonomías —y la presión de la derecha— deja la gestión en un punto muerto.
