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Mar. Sep 22nd, 2026

Vázquez exige al Ministerio de Sanidad que incluya a técnicos en el decreto de listas de espera

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El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid pide «homologación de la información» para evitar «espúreos» en la regulación nacional

Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha exigido hoy al Ministerio de Sanidad que incorpore la opinión de los técnicos especializados en la elaboración del real decreto que regulará las listas de espera en la sanidad pública. Lo ha hecho en respuesta al borrador que está preparando el departamento dirigido por Mónica García, en contra del cual ya se manifestaron hace semanas en la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial.

Vázquez advirtió de que, sin esa participación, el decreto podría generar «información espuria», es decir, datos o criterios que no reflejen la realidad de las listas de espera en las distintas comunidades autónomas. Su intervención llega en un momento clave: el Gobierno central está ultimando el texto para evitar discrepancias entre las 17 autonomías, que aplican criterios distintos a la hora de priorizar pacientes.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNE) es el órgano que coordina las políticas sanitarias entre el Estado y las comunidades. Allí ya se rechazó el borrador de Sanidad por falta de consenso técnico, y ahora Vázquez apuesta por un modelo que «homologue» —es decir, unifique— la información sobre tiempos de espera, diagnósticos y tratamientos. La Comunidad de Madrid, con más de 6,5 millones de habitantes, es la segunda región con más pacientes en lista de espera tras Cataluña, según datos del Ministerio.

La presión de Vázquez responde a un conflicto recurrente: mientras algunas comunidades, como Madrid, priorizan criterios clínicos estrictos, otras aplican fórmulas más flexibles. El decreto que prepara García podría ser clave para evitar que los pacientes se desplacen entre autonomías sin garantías de acceso rápido a pruebas o cirugías. La fecha de aprobación del real decreto aún no está fijada, pero su tramitación avanza en paralelo a las negociaciones entre el Gobierno y las comunidades.

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