El Ministerio de Sanidad tramita una norma para mejorar la transparencia de los tiempos de espera, una competencia que gestionan las comunidades autónomas.
El Ministerio de Sanidad prepara un real decreto para mejorar la transparencia sobre las listas de espera del Sistema Nacional de Salud (SNS). La norma está en fase de elaboración, según ha podido saber El Confidencial. El anuncio llega en plena crisis migratoria en Ceuta, que domina la actualidad política de la jornada.
El real decreto es la herramienta que el ordenamiento jurídico español reserva al Gobierno para desarrollar una ley aprobada por las Cortes. Sanidad recurre a esta figura porque las listas de espera son un dato que las comunidades autónomas publican con criterios distintos entre sí. El ministerio no gestiona directamente los hospitales ni las agendas de consultas y quirófanos.
La transparencia sobre los tiempos de espera es un asunto recurrente en el debate sanitario español. Los datos se publican periódicamente, pero cada comunidad aplica metodologías propias para contabilizar a los pacientes. Esa falta de criterio común dificulta comparar la situación de un territorio con la de otro.
Qué puede cambiar un real decreto en un sistema descentralizado
El SNS funciona con competencias transferidas: cada comunidad autónoma gestiona su propio servicio de salud, su presupuesto y sus hospitales. El Estado conserva la competencia sobre la coordinación general y la legislación básica. Por eso una norma estatal no puede fijar por sí sola cuántos quirófanos abre un hospital ni cuántas consultas programa a la semana.
Lo que sí puede hacer un real decreto es fijar un marco común: qué se entiende por paciente en espera, cómo se cuenta el tiempo desde que se prescribe una intervención hasta que se realiza y con qué periodicidad se publican los datos. Ese es el margen real de actuación del ministerio sobre un sistema que no opera directamente.
La norma afecta a los servicios de salud de las 17 comunidades autónomas y a los dos servicios de salud de Ceuta y Melilla, que el Estado gestiona a través del Ingesa. Cualquier criterio común que fije Sanidad obligará a esas administraciones a adaptar sus registros y sus sistemas informáticos.
El precedente de los registros de espera quirúrgica
El debate sobre cómo medir las listas de espera no es nuevo. Los registros de espera quirúrgica se publican desde hace años, pero han cambiado de metodología en distintas etapas. Esos cambios han alterado las cifras sin que variara el número real de pacientes atendidos.
La diferencia entre comunidades es notable en función de cómo se contabiliza a los pacientes que no acuden a su cita o que rechazan una intervención. Algunos servicios los excluyen del cómputo y otros los mantienen. Ese detalle técnico mueve las cifras globales de un territorio a otro.
El real decreto en preparación se suma a otras normas sanitarias que el ministerio ha tramitado en los últimos años. La mayoría han requerido negociación con las comunidades en el Consejo Interterritorial del SNS, el órgano donde el ministerio y las consejerías acuerdan criterios comunes.
Lo que se juegan las comunidades y los pacientes
Las comunidades autónomas son las que aplicarán la norma en sus hospitales. Varias han expresado reservas cuando el Estado ha fijado criterios comunes sobre sanidad, porque consideran que invade su margen de gestión. La negociación en el Consejo Interterritorial será determinante para el contenido final del texto.
Para los pacientes, el efecto práctico depende de que la norma homogeneice la información. Si todas las comunidades publican los datos con el mismo criterio, será posible comparar de verdad los tiempos de espera entre territorios. Hoy esa comparación no es fiable porque cada servicio de salud mide a su manera.
El anuncio llega en una jornada con la actualidad política centrada en Ceuta. La tramitación de un real decreto requiere informes jurídicos, audiencia de los sectores afectados y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado antes de su aprobación en Consejo de Ministros. Ese recorrido administrativo marca los plazos reales de la norma.
En el contexto de la crisis migratoria en Ceuta, la falta de nombramiento de representantes locales ha retrasado el inicio del triaje, según la denuncia de Marlaska contra Vivas. Esta situación subraya la urgencia de contar con datos claros y comparables sobre los tiempos de espera, pues la gestión de la demanda sanitaria se ve afectada por la ausencia de coordinación entre el gobierno central y las autoridades locales.
