El magistrado, titular del caso contra el exDAO José Ángel González, cuestionó en una ponencia que las denuncias buscan ‘órdenes de protección’
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto este martes un expediente disciplinario al juez David Maman, titular de un juzgado especializado en violencia sobre la mujer, tras sus declaraciones en una ponencia del Colegio de la Abogacía de Madrid. Maman afirmó que se otorgan ‘ventajas’ a las mujeres que denuncian y que ‘van a la caza de la orden’ de protección, según el acuerdo adoptado por mayoría en la Comisión Permanente, con el voto de calidad de su presidenta, Isabel Perelló.
El magistrado es el encargado del caso contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González, acusado de presunta agresión sexual por una inspectora del Cuerpo. Los vocales del sector conservador del CGPJ han anunciado un voto particular por discrepar con la decisión, que rechaza la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria, quien consideraba que las palabras de Maman estaban amparadas por la libertad de expresión y no constituían falta disciplinaria.
El CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, tiene competencias para sancionar a magistrados por incumplimientos de la ley orgánica del Poder Judicial. Según el artículo 410 de esta norma, los jueces pueden ser sancionados por ‘desacato, falta de respeto o consideración’ hacia las víctimas, entre otros motivos. Este caso se enmarca en un debate recurrente sobre el tratamiento judicial de las denuncias por violencia de género, donde algunos sectores critican la percepción de sesgo a favor de las víctimas.
La decisión del CGPJ llega en un contexto de creciente polarización en torno a la interpretación de las leyes de violencia de género. Mientras asociaciones feministas denuncian una caza de brujas contra jueces críticos con el sistema, sectores conservadores acusan a algunos magistrados de parcialidad. El expediente contra Maman podría servir como precedente para futuros casos similares, especialmente tras polémicas recientes como las declaraciones del exjuez Pablo Llarena sobre el caso de La Manada.
El proceso disciplinario podría derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta la separación del servicio, aunque el CGPJ suele optar por medidas menos graves en casos de declaraciones públicas. La resolución final dependerá de si el órgano considera que las palabras de Maman vulneraron el deber de imparcialidad y respeto a las víctimas, un criterio que hasta ahora ha sido interpretado de manera flexible por el tribunal.
