La mayoría progresista del tribunal podría tumbar la ponencia del magistrado conservador y abrir la puerta a la exención de penas para Puigdemont y otros líderes del procés
El Tribunal Constitucional (TC) inicia hoy el debate sobre los recursos de amparo presentados por los líderes independentistas contra la interpretación del Tribunal Supremo, que les niega la amnistía aprobada en junio de 2024. La ley, pactada entre Pedro Sánchez y los partidos independentistas, exoneraba de causas penales a cambio de su apoyo a la investidura, pero el Supremo argumentó que Carles Puigdemont y otros exconcejales se enriquecieron ilícitamente con fondos públicos durante el procés.
La ponencia del magistrado conservador José María Macías, que avala la postura del Supremo, será revisada por la mayoría progresista del tribunal. Fuentes del TC indican que esta mayoría podría rechazar el criterio de Macías, que considera que Puigdemont y otros obtuvieron un lucro personal al organizar el referéndum del 1 de octubre de 2017 con dinero de la Generalitat. La ley excluye la amnistía para quienes se enriquecieron con fondos públicos, algo que el Supremo interpretó como aplicable a los líderes independentistas.
El debate se centra en dos bloques: quienes ya están condenados y reclaman la amnistía para eliminar la inhabilitación, y quienes aún no han sido juzgados, como Puigdemont. Si el TC anula la interpretación del Supremo, el juez Pablo Llarena podría levantar la orden de detención europea que pesa sobre el expresidente catalán, permitiendo su regreso a España sin causas penales pendientes tras nueve años en el exilio.
La decisión del TC marcará un precedente histórico. Si la mayoría progresista apoya el amparo, la ley de amnistía se aplicaría en su totalidad, beneficiando a los condenados por el procés. En caso contrario, el Supremo mantendría su postura, dejando a los independentistas sin exención de penas. El pleno del 6 de octubre analizará la ponencia del presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, sobre el caso de Dolors Bassa, clave para definir el rumbo del fallo.
El Tribunal Supremo, al interpretar la ley del olvido, sostuvo que Puigdemont y los demás exconcejales se habían enriquecido ilícitamente con el dinero de la Generalitat durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. Según la tesis del tribunal, si no hubieran utilizado fondos de las arcas públicas, habrían tenido que invertir su patrimonio personal para ello, y, por tanto, se habían lucrado con el dinero que dejaron de pagar. Esta interpretación ha sido la base de la negativa a la amnistía y la razón por la que el TC debe revisar la decisión.
