La imputación de la esposa de Sánchez moviliza al Ejecutivo, mientras la invasión marroquí en la ciudad autónoma acumula denuncias de abandono
El Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE han centrado sus esfuerzos en defender a Begoña Gómez —esposa del presidente— tras la apertura del juicio oral por presunta malversación, mientras la crisis en Ceuta por la invasión marroquí de mayo sigue sin una respuesta estatal contundente. Fuentes del Ejecutivo y del PSOE han calificado la imputación como una «persecución política» y un «ataque a la familia del presidente», términos que no han aplicado a la violación de la soberanía española en Ceuta, donde miles de migrantes cruzaron la valla en un operativo coordinado con Marruecos.
La defensa de Gómez —imputada junto a su marido, el exministro José Bono— incluye recursos legales, declaraciones públicas y movilización de instituciones. En cambio, la gestión de la crisis de Ceuta ha sido tachada por la oposición de «dejadez» y «complicidad» con Marruecos. El PP y Vox denuncian que el Gobierno escamoteó la intervención del Estado en la ciudad autónoma desde que los servicios de inteligencia alertaron del riesgo de invasión, mientras destinaba recursos a proteger a Gómez.
El contraste es claro: el PSOE y el Gobierno han actuado con «más ardor y desesperación» por Gómez que por Ceuta, según The Objective. La imputación de Gómez —vinculada a presuntos pagos irregulares en la Comunidad de Madrid— ha desencadenado una narrativa de «acoso judicial» que contrasta con el silencio institucional sobre las agresiones, robos y violaciones documentadas durante la invasión de Ceuta, donde el Parlamento Europeo ya advirtió del «efecto llamada» de la regularización masiva de migrantes.
El caso de Gómez también se enmarca en una estrategia de defensa del «entorno» de Sánchez. El PSOE ya usó argumentos similares para proteger a figuras como el exministro José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por presunta financiación irregular. Ahora, con Gómez, repite el guion: «intencionalidad política», «injusticia» y «daño a la democracia». Sin embargo, la oposición señala que esta «moral invertida» —priorizar a una imputada sobre una crisis territorial— revela un «régimen personalista» ajeno a las necesidades de los ciudadanos.
La Audiencia Nacional investiga además la financiación de las «cloacas» del PSOE, con el juez Pedraz al frente. El PSOE podría repetir aquí su estrategia: tachar de «conspiración» cualquier investigación que afecte a su entorno, como ya hizo con el caso de las joyas de Zapatero. Mientras, Ceuta sigue sin una solución clara, y el Gobierno ni siquiera ha activado el estado de emergencia que pedían las autoridades locales.
