El expresidente valenciano insiste en el auto judicial que archivó la imputación, mientras la comisión investigadora le acusa de obstrucción y falta de empatía con las víctimas
Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, ha comparecido este lunes ante la comisión del Congreso que investiga la dana del 29 de octubre de 2024 y ha repetido una y otra vez su argumento central: el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ya le exoneró de responsabilidad penal en marzo de 2026, cuando rechazó por unanimidad la imputación solicitada por la jueza de Catarroja que instruye el caso.
Mazón, que acudió voluntariamente por segunda vez —la primera fue el 17 de noviembre de 2025—, insistió en que «los tribunales le han exonerado de cualquier responsabilidad penal» y subrayó su «respeto a la Justicia», aunque los diputados de la oposición le reprocharon su negativa a declarar ante la jueza y su ausencia en momentos clave durante la emergencia. Las 232 muertes atribuidas a la dana siguen siendo el centro del debate, pero el exmandatario valenciano se escuda en el fallo judicial para eludir preguntas sobre su gestión.
La comisión, con mayoría de PSOE y Sumar, busca esclarecer detalles concretos como el almuerzo en el restaurante El Ventorro o el retraso en activar el Es-Alert, pero Mazón desvió todas las acusaciones hacia el TSJCV. «La Justicia ya ha hablado varias veces», respondió a cada intervención, incluso cuando diputados como Àgueda Micó (Compromís) le acusaron de «no tener vergüenza» o Javier Sánchez (Podemos) le exigieron «ponerse en los zapatos de las víctimas». Solo cedió ligeramente al señalar que es «metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez», en alusión a las críticas sobre su supuesta interferencia en la gestión.
Mientras, el PP valenciano, representado por Nando Pastor, acusó a la comisión de perseguir «espectáculo mediático» y criticó al Gobierno central por «utilizar» el caso para fines políticos. Por su parte, Gabriel Rufián (ERC) y Josep María Cervera (Junts) evitaron entrar al fondo del debate, aunque el primero no ocultó su desprecio: «Me jode verle con tanta buena cara», dijo de Mazón. La sesión dejó claro un punto: el exdirigente valenciano no cederá en su estrategia de apelar al fallo judicial, mientras la comisión sigue sin resolver si hubo negligencia o error de cálculo en una de las peores crisis de emergencia en décadas.
El marco legal es clave: la comisión investigadora del Congreso no puede imputar, pero sí puede concluir si hubo faltas graves en la gestión. El TSJCV, por su parte, ya cerró la vía penal, pero el debate político —y la presión social— sigue abierto. Las víctimas y sus familias exigen respuestas que van más allá de los tribunales.
