El consejero de Educación, Román Rodríguez, defiende un plan para verificar bajas laborales mientras la CIG denuncia plazas vacantes sin cubrir
Román Rodríguez, consejero de Educación de la Xunta de Galicia, ha activado este domingo un plan para evaluar y supervisar las 1.397 bajas laborales de profesores registradas en la primera quincena de septiembre —la vuelta al cole—, un récord que sitúa a la comunidad como líder nacional en absentismo laboral por incapacidad temporal.
El plan, impulsado por el presidente gallego Alfonso Rueda, busca garantizar que solo quienes necesiten baja por salud la mantengan, mientras se evita el abuso. Según datos oficiales, el absentismo docente en Galicia supera los 2.200 millones anuales (el 3% del PIB regional), un problema que la Xunta califica de «estructural». Rodríguez ha acusado a la CIG (sindicato mayoritario) de «marear la perdiz» al difundir «informaciones falsas» sobre plazas vacantes, pese a que la Junta asegura haber incorporado 900 profesores más este curso y mantener las ratios de alumnado por aula «más reducidas de España».
El conflicto escaló cuando la CIG denunció que el plan busca «criminalizar» las bajas legítimas. Rodríguez, en cambio, lo presenta como una medida para proteger el derecho a la baja real, aunque sin descartar revisiones. La tensión refleja un debate nacional: Galicia acumula el 20% del absentismo docente de España, según el Ministerio de Educación, mientras el Gobierno central atribuye los malos resultados en PISA a la LOMLOE y los currículos estatales.
El plan gallego, único en su tipo, podría servir de modelo para otras comunidades. Pero su éxito depende de equilibrar el control con la confianza en los docentes: si el sindicato insiste en que hay 1.500 plazas vacantes (cifra que la Xunta niega), el debate sobre la calidad educativa en Galicia sigue abierto.
