La Junta elimina el certificado de habilitación si se cumplen condiciones específicas, pero sindicatos advierten de riesgos en la calidad educativa
La Junta de Andalucía ha decidido **no exigir el certificado profesional de habilitación** a los profesores de Formación Profesional (FP) en cursos con falta de plantilla, siempre que se cumplan supuestos concretos. La medida busca evitar que la escasez de docentes paralice la oferta formativa vinculada a las necesidades del mercado laboral.
Esta excepción se aplica **solo en Andalucía**, donde la demanda de plazas en FP supera la capacidad de respuesta por la falta de profesores cualificados. Según datos de la Consejería de Empleo, **algunos ciclos formativos** —especialmente en sectores como energías renovables, logística o tecnología— registran **vacantes sin cubrir** por la imposibilidad de contratar docentes con la titulación exigida. La Junta justifica la medida en que estos cursos responden a **necesidades urgentes del tejido productivo andaluz**, pero condiciona su aplicación a que los profesores alternativos demuestren experiencia demostrable en el ámbito.
La decisión **no es nueva en el sistema educativo español**: comunidades como Madrid o Cataluña ya han recurrido a figuras similares —como profesores en prácticas o técnicos de empresas— para cubrir huecos, aunque siempre con polémica por posibles **deficiencias en la formación**. En Andalucía, sin embargo, el problema adquiere mayor gravedad por el **envejecimiento de la plantilla docente** (el 40% de los profesores de FP tiene más de 55 años, según datos de 2025) y la **falta de renovación generacional** en sectores técnicos. Sindicatos como **CCOO y UGT** ya han advertido de que la medida podría **debilitar los estándares de calidad**, aunque no han descartado negociar su aplicación si se garantizan controles rigurosos.
La medida entra en vigor **inmediatamente** y se aplicará hasta que la Junta logre **estabilizar la plantilla**, aunque no hay un plazo concreto definido. Mientras, el **Parlamento Andaluz** —donde gobierna una coalición PSOE-Podemos— podría debatir su alcance en las próximas semanas, especialmente si los sindicatos o partidos de la oposición, como el PP, **cuestionan su legalidad o impacto**. La Junta insiste en que se trata de una **solución temporal**, pero su duración dependerá de cómo evolucione la oferta de profesores en los próximos meses.
