La formación plantea romper el tratado bilateral con Rabat si no reconoce de forma expresa las plazas españolas en el norte de África
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados acogerá el próximo martes una votación sobre la soberanía española en el norte de África. La iniciativa parte de una proposición no de ley registrada por el grupo parlamentario de Vox. El texto persigue que el PSOE y sus socios parlamentarios de izquierda e independentistas tomen una postura formal ante las reclamaciones territoriales procedentes de Marruecos.
El documento reclama declarar la soberanía «plena e indiscutible» sobre Ceuta y Melilla. La propuesta extiende esta reivindicación explícita a las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla del Perejil y las islas y peñón de Alhucemas. Estos enclaves albergan presencia militar y destacamentos estatales de forma continuada bajo la administración de España.
La iniciativa pide condenar las declaraciones de representantes del Gobierno marroquí que han cuestionado los derechos españoles sobre estos territorios. Para el partido promotor, estas afirmaciones colisionan con el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación suscrito entre ambos países. El texto advierte de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no debe ampararse en intereses comerciales ni migratorios para mantener posturas ambiguas.
El Congreso ya debatió y rechazó esta misma semana una moción presentada por Vox con reclamaciones de similar contenido. El desenlace parlamentario previo anticipa un resultado idéntico para la votación en la comisión. No obstante, el trámite forzará a cada fuerza política a dejar constancia formal de su voto respecto a las relaciones diplomáticas con el país vecino.
Ruptura de tratados bilaterales y medidas diplomáticas
El texto exige al Ejecutivo español enviar una comunicación formal a Rabat. Dicho requerimiento pide una declaración «pública, expresa e inequívoca» de respeto a la integridad territorial de España. En caso de no obtenerla, la formación plantea promover de forma inmediata la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación.
Entre las medidas añadidas figura la comparecencia urgente del embajador marroquí en el Ministerio de Asuntos Exteriores. La propuesta defiende advertir al diplomático de que el Estado empleará todos sus instrumentos para proteger su suelo. Si persistieran los pronunciamientos contra la integridad española o lo que el texto denomina «invasión» en Ceuta, Vox propone expulsar al representante de Rabat y retirar a la legación española.
El plan insta igualmente a condicionar los acuerdos fronterizos a la admisión de retornos. La iniciativa plantea que Marruecos acepte todas las repatriaciones y devoluciones de sus nacionales «sin excepción ni excusa formal ni material». A su vez, Vox solicita supeditar toda cooperación policial, comercial, militar o migratoria a un estricto principio de reciprocidad.
El marco legal de las proposiciones no de ley
Una proposición no de ley constituye una herramienta parlamentaria orientada a fijar la posición política de las Cortes Generales. Este mecanismo carece de fuerza vinculante directa sobre las decisiones operativas del poder ejecutivo. Su aprobación implica un mandato institucional de carácter político, pero no altera por sí misma la legislación vigente ni los convenios internacionales ratificados.
La gestión de la acción exterior recae constitucionalmente en el Gobierno central mediante el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. El Congreso de los Diputados ejerce tareas de control y debate sobre los tratados internacionales. Sin embargo, la potestad de denunciar o suspender un acuerdo bilateral corresponde al Ejecutivo de acuerdo con las normas diplomáticas y los mecanismos fijados en el propio texto del convenio.
La Comisión de Asuntos Exteriores es el órgano ordinario de la Cámara Baja especializado en debatir la política internacional de España. En este foro intervienen portavoces de todos los grupos parlamentarios para confrontar sus modelos de vecindad y defensa fronteriza. La votación del próximo martes reflejará el equilibrio de mayorías que sustenta la actual política gubernamental hacia el norte de África.
El equilibrio estratégico en la frontera sur
Las relaciones entre España y Marruecos han atravesado diversas fases condicionadas por la vigilancia de los límites fronterizos y los acuerdos pesqueros o aduaneros. El Tratado de Amistad de 1991 fijó los principios de consulta regular y resolución pacífica de controversias entre ambos Estados. Cualquier alteración formal en este marco jurídico impacta de manera directa en los protocolos de repatriación migratoria y en la coordinación policial conjunta.
Tanto Ceuta como Melilla poseen el estatus de ciudades autónomas reconocido en sus respectivos estatutos de 1995. Su régimen especial garantiza la cobertura presupuestaria de los servicios públicos esenciales y la presencia permanente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por su parte, las plazas de soberanía como las Chafarinas o los peñones permanecen bajo la custodia del Ejército de Tierra en coordinación con la Armada.
El debate impulsado por Vox pone a prueba la cohesión de la mayoría parlamentaria que respalda a Pedro Sánchez. El grupo socialista defiende mantener los canales de colaboración y el diálogo fluido con Rabat. Por el contrario, la oposición conservadora suele demandar mayores garantías para la integridad de las ciudades autónomas frente a las periódicas reivindicaciones territoriales marroquíes.
La postura que adopten los grupos independentistas catalanes y vascos resultará determinante en el cómputo de la comisión. Habitualmente, estos sectores eluden alinearse con las iniciativas de la derecha sobre materias de soberanía estatal. El resultado final del trámite parlamentario marcará el nivel de respaldo que conserva la estrategia exterior del Gobierno respecto a la frontera sur.
