El partido valenciano vincula casos como el de Marchena o el hermano del presidente a una supuesta instrumentalización judicial para ‘acabar con el Gobierno’
Diana Morant usó la Conferencia Política del PSPV-PSOE en Alicante para lanzar su candidatura a la Generalitat con un discurso que centró el ataque en la justicia, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el expresidente Felipe González. Bajo el lema *»Recuperemos lo que importa»*, los socialistas valencianos desplegaron un argumentario cercano a la izquierda radical, con acusaciones directas de *»lawfare»* contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
La mesa más polémica reunió al actual portavoz del PSPV, José Muñoz, y a su antecesor, el abogado Manolo Mata, quien denunció que *»personas que no han hecho nada ven su vida arruinada»* por una supuesta *»instrumentalización de la justicia»*. Mata, exvicesecretario general del partido y portavoz parlamentario durante la etapa de Ximo Puig, fue más allá: identificó a los jueces Manuel Marchena y al jefe de la UCO como *»las dos personas más poderosas de España»* por su capacidad para *»acabar con el poder político»* mediante la judicialización.
El letrado, defensor en el caso Azud, rechazó que el PSOE tenga *»corrupción sistémica»*,, pero advirtió de que el *»peligro»* no es la cárcel, sino *»acabar con la democracia»* al permitir *»elegir a quién se persigue»*. Citó como ejemplos el caso del hermano de Sánchez y el de Begoña Gómez, mujer del presidente, y alertó de que el procedimiento abierto por la crisis migratoria en Ceuta podría derivar en una imputación por *»traición»* contra el jefe del Ejecutivo.
José Muñoz, actual portavoz en las Cortes Valencianas, secundó el discurso: *»Hay una parte del Estado poniéndolo al límite para acabar con el Gobierno de Sánchez»*, declaró, lamentando que la ciudadanía progresista sienta *»ganas de convocar elecciones»* para cambiar la situación. También criticó a Felipe González, a quien acusó de haberse pasado *»al enemigo»*, y advirtió de que *»la historia tiende a repetirse»*.
Mata, por su parte, vinculó el lawfare con la extrema derecha y advirtió de que el PP podría ser también *»víctima»* de sus propias prácticas. Ambos coincidieron en que el PSOE debe *»defenderse»* ante un escenario de *»nihilismo»* y encuestas en caída libre, donde el mensaje de que *»ganar la derecha es inevitable»* está *»calando»* en la sociedad.
El acto, celebrado este sábado en Alicante, buscó redefinir el discurso del partido ante unas autonómicas en las que las encuestas sitúan al PSPV en la oposición. Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, y la presentadora Sarah Santa Olalla completaron el mitin, que cerró con un llamado a la movilización: *»No hay que resignarse, hay partido y este partido se va a ganar»*, sentenció Muñoz.
El ‘lawfare’ como eje del discurso socialista valenciano
El concepto de lawfare —la utilización de herramientas judiciales para perseguir fines políticos— se convirtió en el eje central del acto. Manolo Mata lo definió como *»la utilización de poderes del Estado desde la judicatura para aniquilar al poder político»*, asegurando que *»se ha producido»* en España. Sus ejemplos fueron el caso del hermano de Sánchez y el de Begoña Gómez, aunque sin aportar pruebas concretas más allá de su percepción de *»instrumentalización»*.
La crítica a la UCO fue directa: Mata acusó a la unidad de construir *»teorías delirantes»* y alertó de que su poder —con acceso a *»los móviles enteros de centenares de personas»*— permite *»elegir a quién se persigue»*. Muñoz, por su parte, vinculó estas prácticas con un *»clima irrespirable»* que busca deslegitimar al Gobierno y generar *»ganas de elecciones»* entre los votantes progresistas.
El discurso también incluyó una advertencia a la extrema derecha: Mata advirtió de que el mensaje de que *»todos los partidos tienen corruptos»* beneficia al PP, aunque vaticinó que los populares también podrían ser *»víctimas»* de sus propias estrategias en el futuro. Esta línea de argumentación buscó presentar al PSOE como víctima de un sistema judicial sesgado, en un intento por movilizar a su base electoral ante el riesgo de perder las autonómicas.
Antecedentes: el caso Azud y la estrategia judicial contra el PSOE
El caso Azud, en el que Manolo Mata defiende a uno de los presuntos cabecillas, es clave para entender el discurso del PSPV. La investigación, centrada en supuestos delitos urbanísticos en Valencia, ha generado tensiones entre la Fiscalía y la defensa, que denuncia *»teorías sin fundamento»*. Mata negó la existencia de *»corrupción sistémica»* en el partido, pero sí alertó de que la adjudicación de contratos en España es *»muy difícil de manipular»*, lo que refuerza su tesis de que el problema no es la gestión, sino la persecución política.
El caso del hermano de Pedro Sánchez, imputado por supuestos delitos fiscales, y el de Begoña Gómez, investigada por presunta prevaricación en la gestión de la crisis de Ceuta, fueron citados como ejemplos de cómo la justicia podría estar siendo usada para *»acabar con el Gobierno»*. Sin embargo, ambos casos están en fases distintas y no hay evidencia pública de que estén conectados con una estrategia coordinada de lawfare.
La referencia a la crisis migratoria en Ceuta añadió un nuevo elemento: Mata sugirió que el procedimiento judicial abierto contra Sánchez por la gestión de la frontera podría derivar en una imputación por *»traición»*, aunque no hay indicios públicos que respalden esta hipótesis. La Fiscalía General del Estado aún no ha abierto diligencias contra el presidente, pero el tono del discurso socialista valenciano refleja la preocupación por una posible escalada judicial.
Implicaciones: ¿Un discurso para movilizar o para justificar?
El acto en Alicante buscó dos objetivos: por un lado, presentar a Diana Morant como candidata a la Generalitat con un perfil combativo frente a la justicia; por otro, movilizar a la base electoral ante unas encuestas adversas. La estrategia de acusar a jueces y cuerpos de seguridad de *»lawfare»* responde a una necesidad de explicar el malestar social sin asumir responsabilidades directas en la gestión.
Sin embargo, el discurso plantea dudas sobre su credibilidad. Mientras el PSOE valenciano denuncia *»teorías delirantes»* de la UCO, la Guardia Civil ha investigado casos como el de Azud con pruebas documentales y testimonios. La Fiscalía, por su parte, ha abierto diligencias contra figuras cercanas al Gobierno, como Begoña Gómez, sin que hasta ahora haya evidencia de que estas investigaciones respondan a una estrategia política coordinada.
Lo que sí queda claro es el impacto político: el mensaje de que *»una parte del Estado»* busca *»acabar con el Gobierno»* puede resonar en un electorado progresista descontento, pero también expone al PSOE a acusaciones de hipocresía si en el futuro sus aliados son investigados por los mismos motivos que ahora denuncia. La referencia a Felipe González, histórico del partido pero crítico con Sánchez, añade un elemento de división interna que podría debilitar aún más al PSPV en las autonómicas.
Mientras, el PP y Vox podrían aprovechar este discurso para presentar al PSOE como un partido *»enemigo de la justicia»*, aunque el riesgo para los populares es que, como advirtió Mata, *»la historia tiende a repetirse»* y sus propias prácticas puedan ser cuestionadas en el futuro. La movilización electoral, en cualquier caso, será la prueba de fuego: si el mensaje de *»no resignarse»* no logra revertir la tendencia en las encuestas, el PSPV podría pagar un precio alto en las urnas.
