Los afectados mantienen negociaciones abiertas con las administraciones mientras Bruselas analiza el expediente abierto en 2021
La Comisión Europea lleva desde 2021 analizando las repercusiones ambientales y socioeconómicas del veto cinegético en España, una medida que cumple ahora cinco años sin solución negociada. Los afectados —cazadores, propietarios de fincas y sectores rurales— mantienen «la mano tendida» para dialogar con las administraciones, según fuentes consultadas por ABC, aunque sin avances concretos en la mesa de negociación.
El expediente abierto por Bruselas en 2021 se centra en dos ejes: el impacto ecológico de la prohibición —aprobada inicialmente en 2018 por la Generalitat de Cataluña y extendida a otras comunidades— y sus consecuencias en el tejido productivo local, especialmente en zonas como Aragón, Castilla y León o Andalucía, donde la caza es una actividad económica clave. La Comisión no ha confirmado aún si emitirá una recomendación formal, pero fuentes comunitarias señalan que el caso sigue en fase de evaluación «por su complejidad jurídica y técnica».
El veto, impulsado inicialmente por Cataluña para proteger especies como el lince ibérico, generó un conflicto legal entre comunidades autónomas y el Gobierno central. Mientras algunas regiones como Madrid o Castilla-La Mancha mantuvieron sus normativas cinegéticas, otras como Aragón o Extremadura adoptaron medidas restrictivas similares, aunque no idénticas. La falta de un marco estatal unificado ha dejado a los afectados en una situación de incertidumbre legal, con denuncias por «discriminación sectorial» ante la UE.
El marco legal: ¿competencias autonómicas o armonización europea?
La gestión cinegética en España depende de las comunidades autónomas, según el artículo 148.1.22 de la Constitución, que atribuye competencias exclusivas en materia de montes y aprovechamientos forestales. Sin embargo, la UE ha intervenido en casos como este cuando las medidas nacionales afectan a especies protegidas bajo la Directiva Hábitats (92/43/CEE) o generan desequilibrios en el mercado único. El expediente abierto en 2021 se enmarca en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que permite a la Comisión exigir a un Estado miembro que cumpla con sus obligaciones legales.
Hasta ahora, la Comisión ha solicitado informes técnicos a España sobre el impacto real del veto en la población de especies cinegéticas y no cinegéticas. Según documentos internos a los que tuvo acceso ABC, Bruselas ha recibido quejas de asociaciones de cazadores que alertan de un «colapso en la gestión de plagas» —como jabalíes o corzos— en zonas donde la caza regulada era la herramienta principal de control. Este desequilibrio, argumentan, ha derivado en daños agrícolas y forestales no cuantificados aún por las administraciones.
¿Qué se juegan las partes?
Para los afectados —estimados en más de 100.000 licencias de caza en riesgo según datos de la Federación Española de Caza (FEC)— la falta de solución implica pérdidas económicas directas e indirectas. La caza genera unos 3.500 millones de euros anuales en España, según el Ministerio de Agricultura, y sustenta empleos en guías, taxidermistas o comercio de armas. Por su parte, las comunidades autónomas que mantienen el veto, como Cataluña, argumentan que la medida es «imprescindible para la conservación de la biodiversidad», aunque no han presentado datos actualizados sobre el estado de especies como el lince ibérico desde 2020.
La Comisión Europea, por su parte, enfrenta un dilema: si emite una recomendación en contra del veto, podría chocar con la soberanía autonómica española, pero si no actúa, arriesga ser percibida como complaciente con medidas que, según denuncian los afectados, no han demostrado su eficacia ecológica. El expediente sigue abierto sin plazo definido, lo que mantiene en vilo a cazadores, agricultores y ecologistas, que ven en este caso un precedente para otros conflictos entre competencias autonómicas y normativas europeas.
