Von der Leyen presenta la *EU Kids Act* tras el caso de Oléa, una niña belga de 14 años que se suicidó por *bullying* online; la ley invertirá la carga de la prueba: serán las plataformas las que demuestren su seguridad
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció hoy en el Estado de la Unión que la Unión Europea prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 13 años y establecerá un sistema de ‘minicuentos’ supervisadas por padres para los menores de 14 y 15 años. La medida, que se presentará formalmente mañana, responde a la presión de países como Francia, Grecia y España, y busca proteger a los menores de riesgos como el bullying o la exposición a contenidos adictivos.
La propuesta, conocida como EU Kids Act, establece un enfoque gradual: desde los 13 a los 15 años, los menores solo podrán usar cuentas limitadas y supervisadas por sus padres, con restricciones de tiempo y funciones reducidas. A partir de los 15 años, las plataformas deberán implementar un ‘diseño seguro’ obligatorio para proteger a los usuarios más jóvenes.
Von der Leyen citó el caso de Oléa, una niña belga de 14 años que se quitó la vida hace un mes tras sufrir bullying online. La presidenta leyó las palabras de su madre: «Estoy convencida de que, sin estas redes omnipresentes, mi hija seguiría aquí».
La ley también invertirá la carga de la prueba: serán las plataformas las que deberán demostrar que sus servicios son seguros para los menores, en lugar de exigir a los padres o usuarios que verifiquen la edad. «No se trata de que nuestros menores accedan a las redes sociales, sino de cuándo y cómo permitimos que las redes sociales accedan a los menores», declaró Von der Leyen.
La medida sigue las recomendaciones de un panel de expertos presidido por el psiquiatra infantil alemán Jörg Fegert y la epidemióloga francesa Maria Melchor, creado a petición de Francia, Grecia y España, que ya habían impulsado regulaciones similares en sus territorios.
La Comisión Europea presentará formalmente la propuesta mañana junto a la vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen. La norma busca evitar que los menores eludan los controles declarando edades falsas al registrarse, un problema que actualmente no está regulado.
El contexto: ¿Por qué la UE actúa ahora?
La propuesta responde a un creciente consenso entre expertos y gobiernos europeos sobre los riesgos de las redes sociales para los menores. Francia prohibió el acceso a redes sociales a menores de 15 años en enero de 2026, mientras que el Parlamento Europeo ya había propuesto en noviembre de 2025 una edad mínima de 16 años con consentimiento parental desde los 13.
Von der Leyen criticó duramente a las plataformas tecnológicas, acusándolas de diseñar servicios adictivos que exponen a los menores a contenidos extremos y a la explotación de sus imágenes. «No tenemos que aceptar funciones adictivas. No tenemos que aceptar que se arrastre a los niños hacia contenidos cada vez más extremos», declaró.
La presidenta también advirtió sobre los efectos psicológicos, como la pérdida de sueño, la ansiedad y las autolesiones, vinculados al uso de redes sociales en menores. «Lo que estamos presenciando es una gran captura de nuestros hijos: de su atención, de su concentración, de sus mentes», afirmó.
¿Qué implica para las plataformas y los padres?
La nueva ley obligará a las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad más estrictos y a limitar las funciones de sus servicios para menores. Las ‘minicuentos’ supervisadas por padres incluirán restricciones de tiempo y acceso a contenidos, mientras que el ‘diseño seguro’ para mayores de 15 años deberá garantizar entornos libres de bullying y explotación.
La Comisión Europea también anunciará en otoño una nueva Ley de Equidad Digital para ampliar la protección contra modelos adictivos, que afectarán no solo a menores, sino también a usuarios adultos.
La medida ha generado expectación entre los gobiernos europeos, especialmente en países como España, donde el debate sobre la regulación de las redes sociales ha cobrado fuerza en los últimos meses.
El proyecto de ley se someterá a debate en el Parlamento Europeo en el segundo trimestre de 2026, con la intención de que sea aprobado antes de la próxima sesión legislativa de otoño, lo que permitiría su aplicación a partir de enero de 2027.
