El Ministerio de Sanidad aprueba un seguimiento médico obligatorio para trabajadores expuestos, con exámenes anuales y custodia de historiales durante 30 años tras la jubilación
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha declarado como Zonas de Actuación Prioritaria II a 285 de los 313 municipios gallegos (el 91%), donde el gas radón —invisible, inodoro e insípido— supera los niveles seguros y causa 300 muertes anuales por cáncer de pulmón, según datos del Laboratorio de Radón de la Universidad de Santiago. El Ministerio de Sanidad ha aprobado este jueves un protocolo pionero en Europa que obliga a medir el radón en plantas bajas y sótanos de centros de trabajo en estas zonas, con exámenes médicos anuales para empleados expuestos y custodia de sus historiales durante 30 años tras la jubilación.
El protocolo, impulsado por el laboratorio gallego y aplicable desde hoy, exige a las empresas medidores de radón en puestos de riesgo, análisis de resultados por laboratorios acreditados y reubicación inmediata de trabajadores si superan los 20 mili sieverts (mSv) anuales. Además, prohíbe radiografías y TAC de rutina y prioriza la deshabituación tabáquica, clave para reducir el riesgo de cáncer en personas expuestas.
Galicia lidera el mapa de riesgo en España: el 100% de Pontevedra y Ourense, el 95,7% de A Coruña y el 64,2% de Lugo están afectados. El Servicio Galego de Saúde (Sergas) cerró en julio parte del centro de salud de Ponteareas (Pontevedra) tras detectar niveles triplicados en dos centros sanitarios de la zona, obligando a construir uno nuevo.
La obligación de medir radón en puestos de trabajo se aprobó este año, pero su cumplimiento es escaso en pymes, según fuentes del Ministerio. España fue sancionada por la UE por retrasar la transposición de la Directiva 2013/59/Euratom, que regula la exposición a radiaciones ionizantes. El Real Decreto 1029/2022, aprobado en 2022, concretó las zonas de riesgo, pero su aplicación práctica llegó en 2025 con la Instrucción del CSN.
Un gas letal sin síntomas visibles
El radón, segundo causante de cáncer de pulmón tras el tabaco, se acumula en sótanos, plantas bajas y espacios cerrados. En Galicia, su concentración supera los 300 becquereles por metro cúbico (Bq/m³) en zonas como Vigo y Pontevedra, donde el protocolo obliga a ventilación forzada, sellado de fisuras y barreras de protección. Si persisten los niveles altos, el decreto exige reubicar temporalmente a los trabajadores.
El protocolo va más allá del individuo: exige a las empresas analizar patrones de salud en toda la plantilla para detectar acumulación de casos. También obliga a informar al personal sobre señales de alarma como tos persistente o dolor de pecho, con el objetivo de actuar ante sospechas tempranas.
El precedente europeo y el retraso español
España fue condenada en 2021 por el Tribunal de Justicia de la UE (UJUÉ) por no trasponer a tiempo la directiva europea sobre radiaciones. El Gobierno aprobó el Real Decreto 1029/2022 en 2022, pero su aplicación práctica llegó en 2025 con la Instrucción del CSN, que detalló las Zonas de Actuación Prioritaria II —1.600 municipios en España, principalmente en el norte—. Galicia, con 285 ayuntamientos afectados, es la comunidad más expuesta.
El protocolo de Sanidad, único en Europa por su exhaustividad, incluye seguimiento médico post-jubilación a cargo del sistema público de salud. Esto garantiza que los trabajadores no pierdan su historial dosimétrico al cambiar de empleo o retirarse, evitando lagunas en su control médico.
¿Quiénes están expuestos y qué riesgos corren?
Los grupos más vulnerables son trabajadores de sótanos, minas, túneles y edificios antiguos, donde el radón se acumula por la descomposición del uranio en rocas graníticas, abundantes en Galicia. El protocolo afecta a empresas de construcción, centros sanitarios y oficinas en plantas bajas, obligadas a instalar medidores y sistemas de ventilación.
El Sergas detectó en julio que el 11% de sus 25 centros sanitarios analizados superaban los límites de radón, especialmente en Vigo y Pontevedra. Dos centros en Barro y Mosteiro triplicaban los umbrales, lo que llevó al cierre parcial de Ponteareas y la construcción de un nuevo centro.
El protocolo también regula la exposición acumulada: si un trabajador supera los 6 mSv anuales (límite legal), debe someterse a exámenes médicos anuales. Si supera los 20 mSv, debe ser reubicado inmediatamente a una zona sin riesgo.
¿Qué pasa ahora?
Las empresas tienen hasta 6 meses para adaptarse al protocolo, aunque el cumplimiento en pymes sigue siendo bajo. El Ministerio de Sanidad supervisará el proceso, con sanciones para quienes incumplan. En Galicia, la Xunta ya ha invertido en medidores y formación, pero advierte de que el 80% de las viviendas podrían estar afectadas, no solo los centros de trabajo.
El protocolo es un avance, pero expertos como el Laboratorio de Radón de la USC piden mediciones obligatorias en viviendas, algo que aún no está regulado. Mientras, en Ponteareas, el nuevo centro de salud ya opera, pero el riesgo persiste en otros municipios gallegos.
