El Ayuntamiento reconoce su uso como ‘recurso residencial’ pero mantiene la publicidad oficial; el partido llevará el caso a la Comisión de Derechos Sociales
El Ayuntamiento de Barcelona oculta el uso real de un inmueble en la calle Camp, 75 (Sant Gervasi-La Bonanova), que figura como «Residencia para Estudiantes» en su web,, pero que el consistorio ha reconocido ahora como un «recurso residencial» dependiente del área de Derechos Sociales. Vox denuncia que el espacio se destina a alojar inmigrantes con fondos públicos, una práctica que, según el partido, el Gobierno municipal intenta encubrir.
La alerta surgió tras las quejas de vecinos durante casi un año. Carlos Oliva, consejero de distrito de Vox en Barcelona, explicó que los residentes no coinciden con el perfil de estudiantes y que, tras solicitar aclaraciones, el Ayuntamiento respondió que el inmueble es un «recurso residencial» y derivó la consulta al área de Derechos Sociales. Para Oliva, esta respuesta confirma que el uso real difiere de lo publicado oficialmente: «Es una forma de admitir que se está falseando la información».
El caso no sería aislado. Vox ya detectó una situación similar en un centro de primera acogida de la calle Císter, anunciado como recurso para mujeres en riesgo de exclusión pero que, según el partido, alberga principalmente a marroquíes y africanos sin papeles. Oliva aseguró que los vecinos son los que alertan de estos cambios, aunque el Ayuntamiento no ha detallado ni los fondos destinados ni quién gestiona estos recursos.
El siguiente paso de Vox será llevar la denuncia a la Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento. El partido exige transparencia sobre el destino de los fondos públicos y por qué se mantiene la publicidad oficial de un uso que, según sus pesquisas, no se ajusta a la realidad. El Gobierno municipal deberá aclarar quién gestiona el inmueble y qué criterios se aplican para asignar estos recursos.
Este caso se enmarca en un debate más amplio sobre la gestión de la acogida en Barcelona. Mientras el Ayuntamiento prioriza la transparencia en su comunicación institucional, partidos como Vox insisten en que hay opacidad en el uso de estos espacios, especialmente cuando se financian con dinero público. La Comisión de Derechos Sociales tendrá ahora la oportunidad de esclarecer si hay una desconexión entre la publicidad oficial y la realidad en estos recursos.
