El único juicio por el dispositivo policial del referéndum catalán de 2017 se centra en un activista que perdió la visión tras un impacto de pelota de goma; la ley de amnistía excluye estos casos por «pérdida de un órgano»
Cuatro agentes de la Policía Nacional se sientan hoy en el banquillo por el único caso judicial abierto por el dispositivo policial desplegado durante el referéndum del 1-O de 2017. El juicio, que se celebra en un tribunal de Barcelona, no analiza la idoneidad global de la operación, sino un incidente concreto: la pérdida de un ojo del activista Roger Español tras recibir el impacto de una pelota de goma disparada por un ‘boca chero’ y tres mandos de las Unidades de Intervención Policial (UIP).
Los cuatro acusados —un agente armado y tres mandos— sabían desde el inicio que no podrían acogerse a la ley de amnistía aprobada en 2022. La norma, pactada entre el PSOE, ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez, excluye expresamente los actos dolosos que hayan causado «la pérdida o inutilidad de un órgano, miembro o sentido». Esta excepción, incluida en todos los textos de Junts durante las negociaciones, fue redactada por el abogado del entonces ‘expresidenta’ Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.
El presidente del tribunal recordó a las acusaciones al inicio del juicio que el caso no versa sobre el conjunto del dispositivo policial, sino sobre esta actuación concreta. Mientras, otros agentes investigados por su participación en el 1-O sí se beneficiaron de la amnistía, al no cumplir el umbral de gravedad que sí se superó en este caso.
El mecanismo legal que excluye estos casos de la amnistía
La ley de amnistía, aprobada en junio de 2022, contempla una excepción clave para los delitos cometidos durante el proceso independentista catalán. Según su artículo 2, punto 2, quedan fuera de su ámbito de aplicación «los actos dolosos que hubieran producido la pérdida o inutilidad de un órgano, miembro o sentido». Esta cláusula, negociada entre los partidos, fue incluida en todos los borradores de Junts y ERC, y finalmente se mantuvo en el texto definitivo.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, fue uno de los redactores de los textos de Junts durante las negociaciones parlamentarias. La excepción se justificó entonces como un equilibrio para evitar que la amnistía protegiera actos especialmente graves, como lesiones permanentes o la pérdida de capacidades físicas. En este caso, la pérdida de visión de Roger Español cumple ese criterio.
El contexto político: ¿por qué esta excepción y quién la impulsó?
La ley de amnistía nació de un acuerdo tripartito entre el PSOE, ERC y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. A cambio del apoyo independentista, el Gobierno central aprobó la derogación de los decretos de aplicación de la ley de seguridad ciudadana (ley mordaza) y la amnistía para los líderes independentistas procesados por el referéndum del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia.
Sin embargo, la redacción de la norma dejó fuera expresamente los casos en los que se hubieran producido lesiones graves o permanentes. Esto afecta directamente a los agentes acusados en este juicio, ya que la pelota de goma disparada por el ‘boca chero’ causó una lesión ocular irreversible en Roger Español. La decisión de incluir esta excepción fue un punto clave en las negociaciones, donde Junts y ERC insistieron en que la amnistía no debía proteger actos que causaran daños físicos graves.
El juicio, que se celebra en vísperas del noveno aniversario del referéndum, pone el foco en un caso concreto dentro de un dispositivo policial que generó una fuerte polémica en su momento. Mientras, otros agentes implicados en el 1-O sí se beneficiaron de la amnistía, al no cumplir con el umbral de gravedad que sí se supera en este proceso.
