El exalcalde del PSC y otros siete acusados se enfrentan a penas de hasta 13 años por presunta malversación de 214.000 euros en contratos públicos; las defensas piden anular pruebas clave como correos del IMSST
Josep Fèlix Ballesteros, exalcalde del PSC en Tarragona entre 2007 y 2019, ha abierto este viernes el juicio del Caso Dnipró en la antigua prisión provincial de la ciudad, trece años después de iniciarse la investigación. Junto a él, siete acusados más —entre ellos exconcejales y el jefe de gabinete municipal— se enfrentan a penas de cárcel de hasta 13 años por presunta malversación de fondos públicos, fraude en contratación y falsedad documental. La Fiscalía pide entre 4 y 6 años para la mayoría, mientras la CUP, como acusación popular, eleva las peticiones hasta los 13 años para Ballesteros y otros cargos.
El juicio, celebrado en un espacio improvisado por falta de capacidad en el Palacio de Justicia, arrancó con las cuestiones previas —plazo para impugnar pruebas— y deja para el 2 de octubre las primeras declaraciones. Las defensas ya han solicitado excluir del proceso el disco duro del Instituto Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSS), donde se encontraron correos que vinculan a los acusados con la presunta trama. Argumentan que se vulneraron derechos fundamentales y se rompió la cadena de custodia.
La trama, según la acusación, gira en torno a un contrato de 59.900 euros adjudicado en 2009 a Dnipró SL —empresa vinculada al PSC— para servicios de inmigración que, según los fiscales, nunca se ejecutaron. El IMSS pagó luego 214.000 euros en facturas fraccionadas, autorizadas por Ballesteros y con conocimiento de su ilegalidad, según el Ministerio Público. La Fiscalía sostiene que los fondos se usaron para mejorar la imagen del alcalde y captar votos, algo que los acusados niegan.
Ballesteros, el único con cargo público relevante, se mostró tranquilo al llegar a la sala y celebró que el caso llegara a juicio tras una década de espera. «Por fin podré demostrar mi honorabilidad», declaró, aunque sus defensas ya han anunciado recursos para anular pruebas clave. El juicio, con declaraciones previstas para noviembre, podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción municipal en Cataluña.
Sigue la cobertura: El juicio del Caso Dnipró arranca en Tarragona con 214.000 euros en facturas impugnadas
