Ballesteros, exalcalde del PSC, confía en demostrar su ‘honorabilidad’ tras 13 años de investigación; las defensas piden anular pruebas clave como el disco duro del IMSST
El juicio del **Caso Dnipró** ha comenzado este viernes en la antigua prisión provincial de Tarragona, sede provisional por falta de espacio en el Palacio de Justicia, ocho años después de cerrarse la instrucción y trece desde que se iniciaron las investigaciones. En el banquillo están el exalcalde del PSC **Josep Fèlix Ballesteros** (2007-2019), los exconcejales **Begoña Floria** y **Victoria Pelegrín**, y el exjefe de gabinete del ayuntamiento, **Gustavo Cuadrado**, acusados de desviar fondos públicos del **Instituto Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSS)** a la empresa **Dnipró SL**, vinculada al partido.
La Fiscalía pide entre **4 y 6 años de cárcel** para los principales implicados —hasta **13 años** para Ballesteros, según la acusación popular de la CUP—, mientras las defensas exigen anular pruebas como el **disco duro del IMSS**, donde se encontraron correos que vinculan a los acusados con pagos irregulares. El juicio, que comenzó con cuestiones previas, se centrará en determinar si los **214.000 euros** pagados a Dnipró entre 2009 y 2010 —**59.900 euros** solo en el concurso de 2009— se destinaron a servicios reales o a mejorar la imagen de Ballesteros, como alega la acusación.
Ballesteros, el cargo con mayor responsabilidad, llegó a la sala con mensajes de apoyo y declaró: *»Por fin, después de trece años, podré demostrar mi honorabilidad»*. Las defensas argumentan que se vulneraron derechos fundamentales —como la intimidad— al incautar el disco duro y que el secreto de sumario se alargó de forma desproporcionada. La vista oral, con declaraciones, comenzará el **2 de octubre** y se prolongará hasta el **20 de noviembre**, fecha prevista para los alegatos finales.
El caso, que incluye delitos de **prevaricación, malversación y fraude en contratación pública**, se enmarca en una trama que la Fiscalía califica de *»amaño de un concurso público»* para beneficiar a Dnipró. Según los correos intervenidos, el gerente de la empresa, **Ricardo Campàs** (fallecido en 2007), y el gerente del IMSS, **Antonio Muñoz**, coordinaron pagos fraccionados que Ballesteros autorizó sabiendo que eran ilegales, al no existir documentación que acreditara los servicios prestados.
Además de los nueve acusados con penas solicitadas, hay **seis responsables civiles** —entre ellos, el **PSC**— y dos empresas como subsidiarias. El juicio, que podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción municipal, llega en un contexto donde Tarragona acumula casos de irregularidades en contratación, como el **Caso Tarragona Park** (2015), que también involucró a cargos del PSC.
