El presidente ceutí del PP, que en julio defendió el cumplimiento estricto de la ley, choca con Feijóo y Tellado, que exigen expulsiones inmediatas sin garantías
Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta y miembro del PP, advirtió el 29 de julio —un día antes de que 70.000 personas cruzaran la valla— que devolver migrantes de forma inmediata incumpliría la ley. «Sencillamente, no se puede hacer», declaró entonces, aludiendo a que la normativa española y europea prohíbe retornos forzosos sin garantías procesales, incluso para adultos en situación irregular. Vivas recordó que el Tribunal Supremo ya condenó al Gobierno por devolver menores sin su consentimiento, y que las convenciones internacionales exigen que los adolescentes —la mayoría de los llegados— deben querer volver.
Su postura, basada en el marco legal, contrasta con la actual del PP. Este viernes, Alberto Núñez Feijóo exigió «la expulsión y el retorno» de todos los migrantes, sin mención a los requisitos legales. Mientras, Miguel Tellado, secretario general del partido, pidió en X «devolución inmediata» y la dimisión del Gobierno tras las imágenes de traslados al Puerto de Ceuta. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, acusó al Ejecutivo de «abandonar a policías y militares» en la crisis.
El giro del PP refleja una tensión interna: mientras Vivas, como presidente de una ciudad autónoma con competencias ejecutivas, debe aplicar la ley, Feijóo y Tellado priorizan el discurso electoral. La contradicción resalta el dilema legal de Ceuta: la ley obliga a garantizar derechos básicos, pero la presión política exige soluciones rápidas. El conflicto también expone las limitaciones del mando único que Vivas reclamó en julio: sin coordinación real entre el Estado y la Generalitat, las decisiones se toman desde Madrid, donde el PP ahora exige lo que en Ceuta considera imposible.
La crisis ha dejado al descubierto otra grieta: el PP acusa al Gobierno de «vender» a las fuerzas de seguridad, pero su propia línea dura choca con los procedimientos judiciales. Mientras Vivas alertaba en julio de que «quien devuelva sin garantías comete un delito», Feijóo y Tellado piden exactamente eso. La pregunta ahora es si el partido mantendrá su postura legal —y arriesgarse a ser acusado de «blandura»— o si cederá a la presión mediática por una solución políticamente rentable, pero ilegal.
