Fernández Sanz critica la falta de interlocución ministerial y destaca la coordinación entre gobiernos autonómicos
El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, **Jesús Fernández Sanz**, ha acusado al Ministerio de Sanidad de ningunear a las comunidades autónomas en la negociación del **Estatuto Marco del personal sanitario**, un proceso clave para regular condiciones laborales en el sector público. Fernández Sanz subrayó que esta falta de diálogo contrasta con la «relación fluida» que, según su versión, mantienen entre sí los gobiernos autonómicos para abordar problemas sanitarios comunes.
El Estatuto Marco, en tramitación desde 2024, busca unificar criterios para la carrera profesional, retribuciones y estabilidad del personal sanitario en toda España. Sin embargo, Fernández Sanz denunció que el Ministerio no ha consultado a las autonomías en aspectos críticos, como la financiación o la distribución de competencias. Esto agrava tensiones previas: en 2025, el **Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNE)** —foro donde se negocian políticas sanitarias— registró **12 puntos de bloqueo** entre el Gobierno central y las comunidades por discrepancias en la aplicación de fondos europeos para hospitales.
La queja de Fernández Sanz llega en un contexto de creciente descontento autonómico. En julio, el **Consejo de Ministros** aprobó un real decreto para agilizar la contratación temporal en sanidad, una medida que las comunidades consideraron un **recorte de competencias** sin consenso previo. La Generalitat Valenciana y la catalana ya habían advertido en agosto de que el Gobierno «imponía» normas sin negociar, lo que podría repetirse con el Estatuto Marco.
Lo que está en juego no es solo el texto legal, sino el **modelo de gobernanza sanitaria**: si el Ministerio sigue actuando sin consultar, las autonomías podrían recurrir a vías paralelas, como pactos bilaterales con el Ministerio de Hacienda para financiar sus propios planes. Fernández Sanz advirtió que, sin diálogo, «el Estatuto Marco podría quedar obsoleto antes incluso de aprobarse», al no reflejar las necesidades reales de los servicios públicos.
