El Gobierno admite que la UE condiciona su margen de actuación y garantiza a Bruselas que no habrá movimientos secundarios desde la ciudad autónoma
La Unión Europea está condicionando el margen de actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis migratoria de Ceuta. Fuentes del Ejecutivo admiten en privado que Bruselas no quiere traslados de inmigrantes desde la ciudad autónoma a la Península, según ha podido saber Vozpópuli. Esa negativa cierra la salida más rápida que tenía Sánchez para aliviar la presión sobre Ceuta: repartir territorialmente a una parte de las personas que siguen allí.
El motivo es el régimen especial de Ceuta dentro del espacio Schengen. La ciudad mantiene controles para viajar al resto del territorio español, pero el resto de España no los tiene. Mientras los inmigrantes permanecen en la ciudad autónoma, la Península puede gestionar sus expedientes en la frontera exterior. Una vez trasladados, entran de hecho en el espacio de libre circulación europeo. Eso es lo que Bruselas quiere evitar.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo ha cambiado además las reglas con las que se gestionaron crisis anteriores. El nuevo procedimiento fronterizo permite mantener hasta un máximo de 12 semanas a los solicitantes en la frontera mientras se resuelve su situación. Cuando se deniega la protección, el procedimiento de retorno establece también su permanencia en zonas fronterizas o próximas a ellas. La norma permite usar otros puntos del territorio nacional solo cuando no exista capacidad suficiente.
Ese marco explica buena parte de lo que ocurre en Ceuta. El Gobierno está obligado a encontrar espacio dentro de una ciudad de apenas 19 kilómetros cuadrados. Al mismo tiempo intenta identificar a miles de personas, tramitar solicitudes de protección y acelerar las devoluciones.
El compromiso de Marlaska ante la Comisión Europea
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asumió ante la Comisión Europea que no habrá movimientos secundarios. Se lo garantizó el jueves al comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, durante una reunión en Madrid en la que también participó la ministra de Inclusión, Elma Saiz. Marlaska pidió a Bruselas que trasladara ese mensaje al resto de socios europeos y sostuvo que España está garantizando que no se produzcan movimientos secundarios.
Italia mantiene controles sobre los viajeros procedentes de España desde comienzos de agosto. El Gobierno español ha respondido con una medida equivalente. Detrás de esa reacción está el temor europeo a que la crisis de Ceuta termine extendiéndose al resto del continente. El resultado práctico es que la ciudad autónoma funciona ya como la gran sala de espera de la crisis.
Sánchez ha defendido públicamente que la ciudad dispone de capacidad para gestionar allí los expedientes. El Ejecutivo trabaja ahora en ampliar las plazas disponibles. La Audiencia Nacional permitió este jueves poner en funcionamiento el campamento instalado en el puerto, después de rechazar la petición del Sindicato Unificado de Policía para paralizarlo. El dispositivo tiene capacidad para alrededor de 1.700 personas.
El problema, sin embargo, permanece. No existe todavía una cifra oficial definitiva de cuántos inmigrantes continúan en Ceuta y quedan miles por alojar o terminar de identificar. Los menores quedan fuera del esquema de reparto. Su situación jurídica es diferente y aquellos que no puedan ser reagrupados con sus familias tendrán que ser atendidos por las administraciones competentes, incluida su posible reubicación en la Península.
La ofensiva del PP en la Eurocámara
A la presión institucional de la Comisión se suma la ofensiva política que el PP ha llevado hasta Bruselas. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunió también con Brunner. A través de sus delegados en el Parlamento Europeo, el partido ha convertido la gestión de Ceuta en uno de los principales asuntos de su agenda europea.
La Eurocámara aprobó el jueves una resolución que reclama reforzar la frontera, acelerar los retornos y aumentar la presión sobre Marruecos. El texto salió adelante por 339 votos frente a 225, con el apoyo del PPE, parte de los liberales y los grupos situados a su derecha. El resultado deja al Gobierno atrapado entre dos exigencias que coinciden en un punto: Europa quiere que España controle la crisis en Ceuta y evite que se extienda al espacio Schengen.
Eso obliga a Sánchez a resolver en pocos kilómetros cuadrados una crisis que comenzó con decenas de miles de entradas en apenas dos días. Bruselas aporta dinero: la Comisión ha aprobado 114,7 millones de euros de ayuda de emergencia. Frontex y Europol colaboran sobre el terreno y el Gobierno reclama ahora procedimientos más rápidos de retorno. La condición europea es igualmente clara: antes de repartir el problema, España tiene que resolver quién puede quedarse y quién debe volver.
El campamento instalado en el puerto de Ceuta, con una capacidad de 1.700 personas, se ha convertido en el núcleo de la respuesta operativa. Su ubicación estratégica cerca del muelle facilita la logística de recepción y el control de los flujos, mientras que la normativa europea exige que los alojamientos temporales cumplan estándares de higiene y derechos humanos, lo que ha impulsado la supervisión de la Comisión y la coordinación con las autoridades locales para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la UE.
