Torres cifra en 2.084 los menores ya tutelados y el Gobierno admite que la normalidad no llegará antes de diciembre
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha cifrado este martes entre 700 y 1.000 los menores que pueden seguir durmiendo en las calles de Ceuta. Otros 2.084 menores ya han sido filiados y están bajo la tutela de la administración local, según los datos que el propio ministro ha expuesto tras la reunión de seguimiento del Ejecutivo y el Consejo de Ministros, ambos presididos por Pedro Sánchez.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha confirmado que la situación de interés decretada para la ciudad autónoma se extiende por ahora hasta diciembre. «Trabajamos para recuperar la normalidad cuanto antes», ha dicho Saiz. El propio Sánchez confió el lunes en «tener estabilizada la situación de aquí a finales de año», plazo que coincide con el mando único que asumió Torres y que se decretó hasta el 31 de diciembre.
En La Moncloa admiten que «va a costar recobrar la normalidad en Ceuta» después de la avalancha de más de 70.000 inmigrantes registrada los pasados 30 y 31 de julio, aunque buena parte retornó a Marruecos en los días siguientes. El primer paso que el Ejecutivo considera necesario es «reubicar a todos los migrantes que hay en la calle», una medida que vinculan a evitar problemas de seguridad y convivencia. El ministro Torres ha asegurado que el Gobierno hará todo lo posible para «acortar los plazos», y en La Moncloa subrayan que el horizonte de diciembre se puede tanto prorrogar como acortar. «Cada semana vamos un poco más rápido», defienden.
El Gobierno no ha ofrecido cálculos sobre cuántos inmigrantes adultos siguen durmiendo al raso en la ciudad autónoma. Las cifras sobre los menores son, en palabras del propio Torres, solo aproximadas.
El choque con el PP por la nacionalidad
Elma Saiz ha reclamado «rigor, responsabilidad y prudencia» a los dirigentes del PP y de Vox por sus declaraciones sobre la crisis migratoria. «Las teorías conspiranoicas son de una enorme irresponsabilidad y no ayudan en modo alguno a Ceuta», ha advertido la portavoz. El Ejecutivo ha enmarcado en ese «carrusel de declaraciones irresponsables» la promesa del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar una reforma legislativa para retirar la nacionalidad española a los inmigrantes que cometan delitos graves si llega a La Moncloa. «Feijóo y Abascal están escribiendo a cuatro manos su programa electoral», ha criticado Saiz.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de «descabellado» el anuncio de Feijóo y ha sostenido que el líder del PP «no se cree las encuestas» que vaticinan que con Vox obtendrá una mayoría absoluta de más de 200 diputados en la próxima legislatura. Puente ha señalado que Feijóo debe de estar «desesperado» para hacer anuncios que considera «tan chuscos». En La Moncloa dudan de que la iniciativa sea siquiera constitucional.
Qué se juega el Gobierno con el plazo de diciembre
El calendario que maneja el Ejecutivo convierte el 31 de diciembre en la fecha de referencia para medir la gestión de la crisis. El mando único que asumió Torres concentra en un solo ministro la coordinación de los expedientes de acogida y devolución, una fórmula que el Gobierno ya ha aplicado en otras emergencias migratorias y que le permite responder con una sola voz ante las críticas. La promesa de acortar plazos tiene un coste político doble: si los menores siguen en la calle cuando llegue el invierno, el PP y Vox tendrán un argumento recurrente contra el Ejecutivo; si el Gobierno cierra los expedientes antes de diciembre, podrá presentar la gestión como un éxito y neutralizar parte del desgaste.
La cifra de 2.084 menores tutelados por la administración local es el dato que el Ejecutivo usa para demostrar avance. La diferencia entre esos 2.084 y los 700 a 1.000 que aún pueden estar en la calle marca el ritmo real de las filiaciones. Cada menor filiado pasa a depender de los servicios sociales de Ceuta, lo que traslada a la ciudad autónoma la carga de plazas, personal y presupuesto. La reubicación de los adultos que duermen al raso es la otra pata del plan, y el Gobierno la considera condición previa para evitar conflictos de convivencia en una ciudad de reducidas dimensiones.
El PP ha convertido la nacionalidad en el eje de su respuesta. La propuesta de Feijóo de retirar la nacionalidad a inmigrantes con delitos graves se suma a las exigencias de Vox y tensa el debate sobre qué margen legal existe para una medida así. La Constitución protege la nacionalidad de origen y la doctrina del Tribunal Supremo ha limitado históricamente las posibilidades de privar de ella a españoles, salvo en supuestos muy concretos de nacionalidad no originaria. El Ejecutivo se agarra a ese marco para cuestionar la viabilidad de la iniciativa, mientras el PP la presenta como parte de su programa electoral.
La crisis de Ceuta se produce además en un contexto de campaña permanente. Las encuestas que Puente ha mencionado sitúan al PP y Vox cerca de la mayoría absoluta, y el Gobierno interpreta el anuncio de Feijóo como un movimiento para movilizar a su electorado en ese escenario. La portavoz Saiz ha vinculado directamente al líder del PP con Abascal al afirmar que ambos escriben «a cuatro manos» su programa. El Ejecutivo intenta así trasladar el debate desde la gestión de la emergencia hacia el coste institucional de las propuestas de la oposición.
El plazo de diciembre también condiciona la relación con Marruecos. La mayoría de los más de 70.000 inmigrantes que llegaron los pasados 30 y 31 de julio retornaron a Marruecos en los días siguientes, lo que deja la cifra actual muy por debajo de la inicial. El Gobierno no ha detallado cuántos adultos permanecen en la ciudad autónoma, un dato que la oposición lleva semanas reclamando y que La Moncloa no ha facilitado. La filiación de menores es el único número concreto que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa este martes.
