La justicia procesa a 38 investigados, entre familiares de Rita Barberá y exaltos cargos del PP y PSOE, tras detectar comisiones y gastos no declarados en campañas
El Partido Popular (PP) ha retirado su acusación particular en el caso Azud, que investiga comisiones ilegales en adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia y operaciones urbanísticas entre 1999 y 2013. Lo anunció su portavoz en Les Corts, Nando Pastor, alegando que «la justicia ha hecho su trabajo» tras el auto de procedimiento abreviado contra 38 investigados, entre ellos exaltos cargos del PP y PSOE.
Entre los procesados figuran el exvicealcalde de Valencia con Rita Barberá, Alfonso Grau, sus dos hijas y yernos; el cuñado de la exalcaldesa fallecida, José María Corbín, y tres sobrinas de Barberá; además de Jorge Bellver, exdirector general de Transparencia y exconcejal del PP, y Rafa Rubio, exsubdelegado del Gobierno y exporta voz socialista en el consistorio.
El auto judicial detalla 484.480,46 euros pagados a cinco empresas para la campaña del PSOE en 2007, incluyendo gastos de publicidad, folletos, vallas y producción audiovisual. También menciona el buzoneo de propaganda de Unión Valenciana para perjudicar al PP, según recoge el documento judicial.
Pastor justificó la retirada argumentando que los posibles delitos de cargos del PSOE ya están prescritos. «Mantener una acusación contra quien ya no puede ser juzgado no tiene sentido jurídico», declaró. El PP subrayó que su decisión no afecta al procedimiento, ya que el Ministerio Fiscal sigue en la causa.
El caso Azud, instruido por la plaza 13 de Valencia, se enmarca en la investigación sobre corrupción urbanística en la Comunidad Valenciana. La retirada del PP no impide el juicio, donde deberán comparecer quienes tengan responsabilidad penal, según advirtió la formación.
El portavoz del PP también destacó que la acción popular no es un arma electoral y que desistir no es renunciar, sino reconocer que la justicia ha hecho su trabajo. Señaló que el auto de procedimiento abreviado recoge casi medio millón de euros destinados a la campaña del PSOE en 2007 y a gastos no declarados como gasto electoral, lo que refuerza la idea de que la retirada no cierra el procedimiento ni impide el juicio.
