El control financiero permanente sustituyó al previo en Andalucía entre 2020 y 2024, según la fiscalización realizada
La **Cámara de Cuentas de Andalucía** ha identificado un cambio en el procedimiento de supervisión de los gastos del Gobierno autonómico, pasando de un **control previo** a un **control financiero permanente** sobre un total de **37.999 millones de euros** desembolsados entre **2020 y 2024**.
Este cambio afecta directamente a la gestión de fondos públicos en Andalucía, donde la Cámara de Cuentas actúa como órgano fiscalizador independiente encargado de velar por la legalidad y eficacia en el uso de los recursos. Según su informe, el nuevo sistema de supervisión permanente —que implica un seguimiento continuo en lugar de una revisión anticipada— podría haber alterado los mecanismos de transparencia y prevención de irregularidades en contratos y subvenciones.
La Junta de Andalucía, presidida por **Juan Manuel Moreno Bonilla (PP)**, es la institución directamente implicada, ya que el cambio de procedimiento afecta a decisiones tomadas durante su mandato. Este tipo de modificaciones en los controles financieros suele requerir ajustes en los protocolos internos y, en algunos casos, la aprobación de la **Consejería de Hacienda** o incluso del **Parlamento andaluz**, dependiendo de su alcance. Hasta ahora, no hay indicios de que este cambio haya derivado en irregularidades, pero sí plantea preguntas sobre cómo se garantizó la trazabilidad de los fondos en un sistema menos previsible.
El informe de la Cámara de Cuentas no especifica si este cambio responde a una decisión administrativa o a una adaptación a normativas superiores, como las directrices de la **Intervención General de la Administración del Estado**. Sin embargo, su publicación coincide con un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión de fondos públicos en España, especialmente tras casos como los de **corrupción en contratos públicos** o la **revisión de ayudas europeas**. La fiscalización realizada por este órgano autonómico podría servir como precedente para otras comunidades autónomas que revisen sus sistemas de control financiero.
