Actualización (18 de septiembre a las 16:45):
El Gobierno vasco concede de nuevo salidas a la exjefa de ETA pese a la oposición judicial y los 30 años de condena por 10 asesinatos
La Fiscalía ha recurrido por segunda vez en menos de cinco meses la decisión del Gobierno vasco de conceder semilibertad a Soledad Iparraguirre, alias Anotó, exjefa de ETA condenada a 30 años de prisión por 10 asesinatos y otros delitos graves. El Ejecutivo autonómico, tras una propuesta «unánime» de la Junta de Tratamiento de la prisión de Zubieta (Donostia), aplicó el pasado 2 de septiembre el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite salidas diarias para voluntariado.
La medida choca con el criterio del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, quien revocó la semilibertad en abril al considerar que las labores de voluntariado no cumplen los requisitos de «singularidad y necesidad tratamental» exigidos por la ley. El fiscal insiste en que el recurso reproduce argumentos anteriores: la gravedad de los delitos de Iparraguirre —incluidos atentados, tenencia de armas y delitos contra la Corona— justifican el rechazo a cualquier flexibilización.
El conflicto legal refleja una tensión entre el criterio penitenciario vasco y el judicial central. Mientras el Gobierno autonómico valora su actitud —ha asumido los delitos, abonado responsabilidades civiles y pedido perdón—, el juez Castro recuerda que el artículo 100.2 exige «circunstancias excepcionales» que, en este caso, no se dan. La Fiscalía apela ahora a la Audiencia Nacional para que confirme su suspensión.
La semilibertad, si se mantiene, permitiría a Iparraguirre salir de lunes a viernes para voluntariado, regresando cada noche a prisión. La decisión final dependerá del juez Castro, quien ya rechazó la medida en abril y ahora analizará de nuevo el expediente, con un historial que incluye 10 condenas por asesinatos y una pena acumulada de tres décadas.
El Ministerio Público considera que la propuesta de la Administración Penitenciaria vasca repite los errores del rechazo judicial de abril y mantiene el privilegio de salidas diarias para presos de ETA en segundo grado
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha interpuesto un nuevo recurso contra la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a María Soledad Izaguirre ‘Anotó’, miembro de ETA, para permitirle disfrutar de privilegios de régimen abierto —como salidas diarias de prisión— mientras cumple condena en segundo grado (régimen cerrado) en la cárcel de Zubieta (Guipúzcoa).
El Ministerio Público argumenta que la propuesta remitida por la Administración Penitenciaria vasca es idéntica a la que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional rechazó en abril de 2026. En concreto, se trata de autorizar a Anotó salidas de lunes a viernes durante ocho horas diarias para realizar voluntariado, un beneficio que, según la Fiscalía, no cumple los requisitos legales para presos en su situación.
Este recurso se suma al ya presentado en abril, cuando el juzgado denegó la medida al considerar que vulneraba el principio de proporcionalidad y seguridad penitenciaria. La Fiscalía insiste en que la semilibertad para Anotó —aplicada también a otros etarras como Garikoitz Espiás ‘Tversky’— carece de fundamento jurídico y pone en riesgo la reinserción bajo condiciones adecuadas.
El contexto legal: ¿qué permite el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario?
El artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario español establece que los presos en segundo grado pueden acceder a beneficios excepcionales de régimen abierto —como salidas diarias— si demuestran un comportamiento ejemplar y su situación personal lo justifica. Sin embargo, su aplicación ha sido objeto de controversia, especialmente en casos de terrorismo, donde la Fiscalía y parte de la sociedad exigen mayor rigor.
En el caso de Anotó, el juzgado ya advirtió en abril que la propuesta de la Administración vasca no incluía un plan de reinserción concreto ni garantías suficientes para evitar riesgos de fuga o reincidencia. La Fiscalía ahora reclama que se revise el criterio utilizado para conceder estos privilegios, especialmente cuando se trata de condenados por delitos de terrorismo.
¿Qué se juega cada parte?
Para la Fiscalía, este recurso es clave para sentar un precedente que limite la discrecionalidad de las comunidades autónomas —como el País Vasco— a la hora de aplicar beneficios penitenciarios a presos de ETA. Su postura choca con la línea del Gobierno vasco, que defiende la autonomía en la gestión penitenciaria y argumenta que estos beneficios son una herramienta de reinserción.
Mientras, el rechazo judicial a estas medidas podría fortalecer la posición de partidos como el PP o Vox, que piden mayor dureza con los presos de ETA. En el lado opuesto, sectores de la izquierda abertzale y parte de la sociedad vasca ven estos beneficios como un avance hacia la normalización de los exmiembros de la banda.
El próximo paso será la resolución del recurso por parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que podría confirmar el rechazo de abril o abrir una nueva vía para la semilibertad de Anotó, profundizando en el debate sobre cómo equilibrar derechos penitenciarios y seguridad en casos de terrorismo.
