Iustitia Europa, PSOE y Más Madrid denuncian posibles delitos de malversación y prevaricación en la operación de Planifica Madrid
Una jueza de la plaza 8 de instrucción del tribunal de Madrid ha consultado a la Fiscalía si su juzgado es competente para investigar cuatro denuncias sobre la compra de un ático en Chambera por 6,3 millones de euros, realizada por la empresa pública Planifica Madrid. La magistrada, en una providencia del 3 de septiembre, pide al ministerio fiscal que informe sobre su competencia y lo que proceda, tras recibir escritos de los partidos Más Madrid, PSOE e Iustitia Europa.
Las denuncias, presentadas en agosto, apuntan a posibles delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación administrativa y administración desleal. Iustitia Europa, que lidera la acusación, solicita acceso al expediente completo de la compra, incluyendo informes de necesidad, tasación y financiación, así como la documentación sobre las obras en la Real Casa de Correos que justificarían el uso del inmueble como oficina temporal.
El PSOE denuncia una gravísima irresponsabilidad negligente en la adquisición, al considerar que la finalidad alegada (oficina temporal) es imposible de cumplir. Además, señala que la venta precipitada del inmueble por parte de Planifica Madrid podría ser otro indicio de irregularidades. Más Madrid, por su parte, califica la operación de opaca y asegura que se realizó sin seguir el procedimiento legalmente establecido, presentando también una denuncia ante el Tribunal de Cuentas.
Planifica Madrid, empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid, adquirió el ático en 2023. La consulta de la jueza marca un paso clave en el proceso: si la Fiscalía considera que el juzgado tiene competencia, podría abrirse una investigación formal. Hasta ahora, las denuncias se encuentran en fase de diligencias previas, donde la Fiscalía evalúa su viabilidad penal.
La operación ha generado controversia por el precio del inmueble —6,3 millones— y la falta de transparencia en su justificación. Mientras, el Gobierno regional aún no ha respondido públicamente a las acusaciones, aunque fuentes cercanas a la Consejería de Presidencia han señalado que la compra se enmarcó en un plan de reordenación de oficinas públicas. La decisión de la jueza y el informe fiscal podrían aclarar si hay indicios suficientes para investigar a responsables políticos o técnicos.
