La titular del Juzgado de Instrucción número 8 abre diligencias previas tras denuncias del PSOE y Iustitia Europa por posible malversación y fraude
La jueza Rosario de Fátima Espinosa, titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, ha abierto diligencias previas para investigar la compra de un ático de lujo por valor de 6,3 millones de euros realizada por la empresa pública «Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A.», dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso.
La decisión se produce tras la denuncia presentada la semana pasada por el partido extraparlamentario Iustitia Europa, a la que se suman ahora cuatro iniciativas más remitidas por la Fiscalía Provincial de Madrid. Entre ellas figura la del PSOE de Madrid, cuyo candidato a la presidencia regional y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ya había anunciado su propia denuncia el pasado viernes. El teniente fiscal José Luis García-Juanes Guerrero confirmó en un decreto que los hechos denunciados «están siendo ya objeto de investigación judicial», lo que ha llevado a la Fiscalía a cesar su actuación previa en favor de la jueza.
Las diligencias previas, que no constituyen aún la admisión formal de una denuncia, se centran en analizar la legalidad y oportunidad de la operación inmobiliaria. Las denuncias —ninguna de ellas es una querella— no señalan a responsables concretos, pero la acusación popular de Iustitia Europa no descarta la posible responsabilidad de Ayuso o del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, si se encontraran indicios de su intervención en la decisión. En ese caso, la competencia para investigar correspondería al Tribunal Supremo por tratarse de aforados.
El inmueble en cuestión, ubicado en el Paseo de General Martínez Campos número 35 de Madrid, fue adquirido por la empresa pública, cuyo Consejo de Administración está siendo cuestionado en las denuncias. La Fiscalía ya había iniciado una investigación «pre procesal» sobre tres denuncias de particulares antes de remitirlas al juzgado, junto con la del PSOE y la de Iustitia Europa. Todas ellas ponen en duda la relevancia penal de las circunstancias en las que se llevó a cabo la compra.
La apertura de estas diligencias se enmarca en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión de fondos públicos por parte del Gobierno madrileño. Aunque el procedimiento judicial está en una fase inicial, su evolución podría tener implicaciones políticas para Ayuso, cuya presidencia ya ha sido objeto de otras investigaciones judiciales en el pasado. La posible derivación del caso al Supremo añadiría un nuevo frente legal para la presidenta regional, en un momento en el que su partido, el PP, se prepara para las próximas elecciones autonómicas.
