El presidente del puerto denuncia bloqueo político y falta de coordinación mientras la Audiencia Nacional frena la instalación de 16.000 m² para inmigrantes
El puerto de Ceuta ha recibido este viernes a más de 1.000 migrantes trasladados desde las playas de El Trampolín y Benítez, en una operación que el presidente del puerto, **Juan Manuel Doncel**, califica de «emergencia migratoria sin respuesta». La situación, controlada finalmente por refuerzos de la Policía Nacional, pone de manifiesto el colapso en la gestión de la crisis, según advierte Doncel, quien asegura que la ciudad autónoma «está totalmente desamparada» tras 50 días sin liderazgo político.
El traslado se produce tras el **rechazo de la Audiencia Nacional** a la cautelar del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que pedía suspender la instalación de un dispositivo de acogida en el puerto. La resolución judicial respalda la autorización de la ministra de Transportes, **María José Rienda**, que permitió ocupar **16.000 metros cuadrados de dominio público portuario** hasta el 31 de diciembre para acoger a los inmigrantes. El SUP alegó «razones de seguridad», pero su solicitud fue desestimada, lo que ha agravado la tensión en una ciudad donde el puerto es uno de sus principales motores económicos.
Doncel criticó que, mientras **Europa ya alerta de la gravedad de la situación**, las administraciones españolas siguen sin asumir responsabilidades. «Seguimos en un bucle que deriva las competencias a otros y perjudica a Ceuta», denunció, añadiendo que ni siquiera recibió aviso previo de las autoridades sobre el traslado, conocedor de la situación solo a través de los medios. Además, descartó elevar la emergencia al nivel 3 por el «bloqueo» del puerto, aunque advirtió del riesgo de un posible «sabotaje» que deje a la ciudad «sin luz».
El conflicto se enmarca en un contexto de **tensión institucional**: el Gobierno cesó al abogado del Estado **Alejandro Geroncio** tras advertir de las consecuencias de la resolución judicial. Mientras, la falta de coordinación entre el Estado, la Generalitat y las fuerzas de seguridad ha dejado a Ceuta en una posición de vulnerabilidad, con un dispositivo de acogida instalado en un espacio crítico para su economía y sin garantías de seguridad a largo plazo.
La situación refleja un patrón de **descoordinación crónica** en la gestión de flujos migratorios, donde las decisiones judiciales y políticas se superponen sin un plan claro. Para Doncel, «una cosa es atender a los migrantes y otra es atacar a los pulmones económicos de Ceuta», una advertencia que subraya el riesgo de que la crisis migratoria derive en un conflicto social y económico en la ciudad.
