La titular de la plaza de Instrucción 8 de Madrid abre diligencias con la documental de Iustitia Europa y el PSOE
Rosario de Fátima Espinosa, titular de la plaza de Instrucción número 8 de Madrid, ha solicitado a la Fiscalía de Madrid que aclare si su juzgado es competente para investigar las denuncias sobre la compra de un ático de lujo por 6,3 millones de euros realizada por una empresa pública vinculada al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La providencia, fechada en diciembre de 2025, también ordena formar una pieza separada con la documentación aportada por el partido Iustitia Europa —que presentó la primera denuncia— y por el PSOE, que se personó posteriormente junto a Más Madrid.
El caso investiga posibles delitos de malversación y fraude en la adquisición del inmueble, un ático valorado en 6,3 millones de euros. La jueza Espinosa, que ya había recibido las denuncias, ahora solicita a la Fiscalía que determine si su juzgado tiene jurisdicción para el caso, un paso clave antes de decidir si abre diligencias formales.
La documentación presentada por Iustitia Europa y el PSOE incluye pruebas que vinculan la compra con fondos públicos gestionados por la Comunidad de Madrid. Según el texto fuente, la providencia refleja que el juzgado ya ha recibido las denuncias y ahora debe resolver si asume la investigación, un proceso que podría alargarse semanas por la complejidad jurídica del caso.
Este caso se enmarca en un contexto de creciente escrutinio judicial sobre la gestión de fondos públicos en la Comunidad de Madrid, especialmente tras otros casos como el de los ERE o las ayudas a empresas vinculadas al Gobierno regional. La decisión de la Fiscalía será determinante para saber si el caso avanza hacia una investigación formal o queda paralizado por falta de competencias.
La jueza Espinosa, nombrada en 2024, ha destacado en casos de corrupción urbanística y malversación, lo que añade peso a su posible implicación en este asunto. Si el juzgado asume la investigación, el caso podría escalar hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde ya hay otros procedimientos abiertos contra la Comunidad por irregularidades similares.







