El Gobierno regional encarga a sus letrados estudiar acciones penales por calumnias y pide a RTVE rectificar 25 horas emitidas
Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid preparan el estudio de una posible querella por injurias y calumnias contra las portavoces de Más Madrid y el PSOE, Manuela Bergerot y Mar Espinar. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, anunció esta medida durante una comparecencia en el Pleno de la Asamblea autonómica. La iniciativa responde a las declaraciones de ambas representantes sobre la compra de un inmueble en el distrito de Chambera.
García Martín acudió al parlamento autonómico para dar cuenta de la actividad de Planifica Madrid. Esta empresa pública formalizó la adquisición de una finca situada en el paseo del General Martínez Campos. Según el consejero, las acusaciones vertidas por los grupos opositores representan un ataque continuado contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y contra su propio departamento institucional. Por este motivo, reclamó la renuncia de ambas dirigentes en la cámara madrileña.
El enfrentamiento parlamentario se produce en un escenario de fuerte polarización dentro de la Asamblea de Madrid. En este órgano legislativo autonómico, el Partido Popular ejerce una mayoría absoluta que le permite rechazar comisiones de investigación promovidas por los grupos minoritarios. Durante su intervención, García Martín sostuvo que las críticas de la izquierda intentan ocultar las investigaciones judiciales que afectan a 126 personas del entorno de Pedro Sánchez. Entre ellas mencionó de forma directa a la esposa y al hermano del jefe del Ejecutivo estatal.
La ofensiva jurídica se extenderá de forma paralela al ámbito de los medios de comunicación públicos estatales. La administración autonómica madrileña solicitará a RTVE una rectificación formal sobre los contenidos difundidos durante el último mes y medio. De acuerdo con los datos presentados por el equipo de gobierno, la petición de rectificación abarcará 25 horas de emisión. Esta cifra representa el 80 % de los espacios dedicados a cubrir la adquisición del inmueble de Chambera en la cadena pública.
El procedimiento administrativo para exigir rectificaciones en los medios de comunicación se encuentra regulado en la legislación estatal sobre el derecho de rectificación. Este mecanismo exige a los solicitantes remitir un escrito donde se especifiquen las informaciones que consideran inexactas o perjudiciales antes de acudir a la vía judicial. Con esta doble vía, el Ejecutivo regional busca frenar las críticas políticas de cara a los próximos debates parlamentarios.
