La Comunidad de Madrid publica 200 folios que justifican el inmueble como espacio institucional y acusa a RTVE de cobertura desproporcionada (25 horas en dos programas)
Isabel Díaz Ayuso ha anunciado este jueves que su Gobierno regional estudiará presentar una querella por injurias y calumnias contra Manuela Bergerot y Mar Espinar, portavoces de Más Madrid y PSOE en la Asamblea de Madrid, tras llamarla «corrupta» en el pleno por la compra del ático de Chambera.
La presidenta madrileña respondió con un reto directo: «Dígalo en un medio de comunicación y en los tribunales hablamos». El enfrentamiento refleja el clima de confrontación política tras la publicación de 200 folios del expediente, que justifican el inmueble como espacio institucional para autoridades, con informes favorables de la Abogacía General y la Dirección General de Patrimonio.
El Gobierno regional también prepara un burofax a RTVE para exigir rectificaciones por lo que considera una cobertura desproporcionada (25 horas en Mañaneros e Malas Lenguas, con un 80% de espacio dedicado al caso). La Comunidad alega que la documentación oficial desmiente las acusaciones de vivienda encubierta y reclama responsabilidad a quienes, según Ayuso, «han sobrepasado los límites del debate político».
El ático, adquirido por 6,3 millones de euros, sigue sin venderse tras una subasta desierta. La Comunidad lo mantendrá en su poder otros 30 días antes de venderlo por la oferta mínima. Mientras, cuatro inmuebles en la Gran Vía ya se vendieron por 11,9 millones, fondos que se destinarán a la recuperación de la Sierra Oeste tras los incendios.
La polémica se trasladará a la comisión parlamentaria de este lunes, donde el consejero Miguel Ángel García Martín comparecerá para responder a las críticas. La izquierda mantiene sus reservas, pero el Ejecutivo madrileño ya ha cambiado de estrategia: de la defensa a la ofensiva judicial.
La publicación de los 200 folios se realizó a través de la web de Planifica Madrid, donde se detalla la memoria de necesidades fechada el 2 de julio, casi un mes antes de que la polémica saltara a la primera línea política. Este documento, junto con los dictámenes favorables de la Abogacía General, refuerza la posición del Gobierno de que la operación cumple con la normativa urbanística y no constituye una vivienda oficial.
