La coalición pide limitar alquileres y proteger el poder adquisitivo ante el impacto del conflicto en energía y alimentos
Sumar ha exigido al Gobierno prorrogar hasta finales de año las medidas del plan de respuesta a la guerra en Irán, que caducan el 30 de septiembre, y ha añadido dos nuevas propuestas: un gravamen temporal al sector del refino y un límite al precio del alquiler. Lo ha anunciado en un comunicado tras una reunión entre los ministerios de Economía, Hacienda, Seguridad Social y Trabajo con agentes sociales para analizar cómo frenar la subida de precios.
La coalición, liderada por Yolanda Díaz, considera «mínimo necesario» actuar sobre el poder adquisitivo, la distribución de la cesta de la compra y la excepción ibérica para frenar los incrementos extraordinarios del gas. Según su comunicado, «el precio de la energía y los márgenes empresariales no pueden servir para empobrecer a los ciudadanos».
El plan actual, aprobado en julio, incluye ayudas directas a hogares vulnerables y bonificaciones en impuestos energéticos. Su caducidad el 30 de septiembre coincide con el agravamiento del conflicto en Irán, que ha disparado un 30% el precio del crudo en las últimas semanas, según datos de la OPEP. Sumar alerta de que el impacto ya se nota en el bolsillo de millones de españoles, especialmente en productos básicos como la electricidad, el gasóleo y los alimentos.
La propuesta de gravar temporalmente el refino apunta directamente a las grandes petroleras, que han incrementado sus márgenes un 45% desde el inicio de la guerra, según cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El límite al alquiler, en cambio, responde a la subida del 12% en los últimos 12 meses en ciudades como Madrid y Barcelona, según el Índice de Precios de Vivienda del INE.
El Gobierno aún no ha respondido a la propuesta. Fuentes del Ministerio de Economía consultadas por *The Objective* señalan que «se está evaluando» la prolongación de las medidas actuales, pero descartan por ahora «nuevos impuestos» sin un consenso previo con la patronal y los sindicatos.
