El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, exige al Gobierno medidas concretas mientras la Audiencia Nacional cita a testigos clave para investigar la entrada masiva de julio
Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de una «salida de tono» tras responderle en el Congreso con un «eso pregúntaselo a Vivas» sobre la situación de los menores migrantes en la ciudad. Vivas ha calificado la frase de «insostenible» y ha recordado que la identificación de los migrantes es competencia del Ministerio del Interior, mientras que la tutela de los menores —unos 2.000 en una ciudad de 84.000 habitantes— recae sobre Ceuta.
La tensión política se agrava tras la cifras del Gobierno, que sitúa entre 700 y 1.000 menores sin tutela en las calles. Vivas ha advertido de que convertir esta situación en «nueva normalidad» sería «la puntilla para Ceuta» y ha criticado la falta de devoluciones, pese a que alrededor de 300 personas sí han sido retornadas por delitos cometidos. Mientras, la Audiencia Nacional paralizó cautelarmente la instalación de un campamento temporal en el puerto ceutí.
Vivas ha confirmado que Ceuta se ha personado como acusación particular en la causa abierta por la entrada masiva de julio, con citación como testigo para el 30 de septiembre junto al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, quien comparecerá al día siguiente. La juez María Tardón investiga la «agresión a la integridad territorial» de España, y Vivas ha asegurado que acudirá con «confianza en la justicia» para aportar pruebas.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, había acusado a Vivas de obstaculizar la gestión de la crisis, pero el presidente ceutí ha rechazado descalificaciones y ha exigido «medidas concretas» en lugar de «magia». La disputa refleja el bloqueo político: el Gobierno acusa al PP de Ceuta de falta de colaboración, mientras Vivas denuncia la «falta de acción» del Ejecutivo.
La crisis, que comenzó con la entrada masiva de migrantes a finales de julio, mantiene en alerta a la ciudad, donde la inseguridad y la saturación de servicios han aumentado. La Audiencia Nacional, por su parte, investiga si hubo avisos previos del CNI sobre la invasión, lo que añade otra capa de complejidad al caso.
