El presidente atribuye la crisis a ‘fascistas’ mientras el Tribunal Supremo frena el fraude del censo electoral impulsado por su Gobierno
Pedro Sánchez respondió ayer a una pregunta sobre los mil menores en las calles de Ceuta con un desaire directo al presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas: *»Eso, a Vivas»*. La frase, captada al salir del Congreso, resume la indiferencia del Gobierno hacia una crisis humanitaria que lleva 45 días sin solución. Mientras Ceuta registra 10.000 migrantes (el doble de los 5.000 que admitió el Ejecutivo), 35 violaciones, robos masivos y un colapso sanitario —con urgencias duplicadas por enfermedades como varicela y tuberculosis—, Moncloa minimiza el drama.
La respuesta del Gobierno a la invasión masiva impulsada por Marruecos en julio ha sido la parálisis. Sánchez no llamó a Vivas ni una sola vez durante los primeros 80.000 llegadas, según denuncia el presidente autonómico. Fuentes de la Moncloa le advirtieron incluso que dejara de telefonear, tachándolo de *»pesado»*. Ahora, con la ciudad convertida en un poblado chabolista en las playas y la economía hundida, el Gobierno miente sobre las cifras y culpa a *»fascistas»* de la inseguridad. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que los delitos son *»subjetivos»*, mientras la ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó que los migrantes están *»sanísimos»* —a pesar de los 1.000 casos diarios de gastroenteritis y el agotamiento del personal médico.
El plan del Gobierno para «solucionar» la crisis —instalar campamentos junto a polvorines militares y la antena de control del Estrecho— fue bloqueado por la Audiencia Nacional. Las advertencias del Gobierno de Ceuta, la Autoridad Portuaria y la Secretaría de Estado de Seguridad cayeron en saco roto. El ministro de Transportes, Óscar Puente, impulsó la medida a pesar de los riesgos, como la proximidad a infraestructuras críticas. Ahora, con la crisis sin resolver, Sánchez repite su mismo discurso triunfalista que en la pandemia: *Se afirma que Ceuta saldrá más fuerte*.
Mientras, el Tribunal Supremo frenó otro fraude electoral vinculado al Gobierno: la ampliación ilegal del censo por la «ley de nietos», impulsada por Sofía Puente (hermana de Óscar Puente y directora general de Seguridad Jurídica). La instrucción de Puente amplió los beneficios a descendientes de cualquier exiliado hasta 1955, inflando el censo hasta 2,6 millones de solicitantes. El Supremo suspendió cautelarmente las inscripciones hasta verificar su legalidad, tras las denuncias de The Objective sobre irregularidades en consulados latinoamericanos. El PSOE acusó a los jueces de *Se acusa de politizar*, pero el patrón es claro: clientelismo electoral y ocupación institucional, como en el intento de pucherazo de Sánchez en el Comité Federal del PSOE en 2016.
Ceuta no es un caso aislado. El Gobierno acumula récords negativos: 9,2 millones de bajas laborales en 2025 (33.000 millones en gasto), peores resultados históricos en PISA (por debajo de la media OCDE), y un narcotráfico «estructural» en Andalucía, según la Fiscalía Antidrogas. La gestión de la crisis migratoria, con 10.000 personas atrapadas en una ciudad sin recursos, refleja el mismo patrón: indiferencia hacia los débiles y obediencia a los fuertes (como Marruecos). Mientras, la UE presiona para acelerar las expulsiones, pero el Gobierno prefiere alargar el problema hasta diciembre.
