El Ejecutivo denuncia que la medida judicial paraliza un operativo listo para alojar a 1.700 personas en el puerto autónomo
La Audiencia Nacional ha paralizado cautelarmente la instalación de un campamento de 16.000 metros cuadrados en el puerto de Ceuta, una decisión que el Gobierno califica de «perplejidad» y que frena un operativo logístico diseñado para alojar a 1.700 personas. El tribunal exige al Ministerio de Transportes que remita la documentación del expediente «antes de las 12 horas de hoy», tras el recurso del sindicato policial SUP por un defecto de forma.
El Ejecutivo, que ya había anunciado el montaje del campamento, insiste en que la medida estaba lista para ejecutarse «de forma inminente». La Moncloa subraya que el emplazamiento cumplía «criterios estrictamente humanitarios y de orden público», aunque el Gobierno de Ceuta, presidido por Juan Jesús Vivas, se había opuesto a su ubicación en el puerto. La decisión judicial llega cuando el presidente Pedro Sánchez se encuentra de vacaciones, un mes después de la invasión masiva de migrantes a la ciudad autónoma.
El recurso del SUP alegaba la falta de publicación y notificación de la resolución en el BOE, un trámite que el tribunal ahora obliga a subsanar con urgencia. Mientras, el Gobierno insiste en que «Ceuta no puede esperar» y reclama agilidad institucional para resolver una crisis que, según el Ejecutivo, exige «soluciones inmediatas» y «condiciones dignas de acogida». La paralización judicial contrasta con la presión de los ceutíes y el Gobierno local, que exigen una respuesta urgente a la situación sobrevenida.
El campamento, que habría ocupado una superficie equivalente a 2,2 campos de fútbol, formaba parte de un plan para desalojar a los migrantes de las calles y garantizar su alojamiento en infraestructuras adecuadas. La Audiencia Nacional, sin embargo, ha priorizado la revisión del procedimiento administrativo antes de permitir su ejecución, una decisión que el Gobierno critica por «traducir la complejidad en inacción».
El tribunal ha solicitado al Ministerio que remita la resolución y el expediente completo, subrayando la necesidad de transparencia y cumplimiento de los procedimientos administrativos.
La Audiencia Nacional, como máximo órgano jurisdiccional en materia administrativa, tiene la potestad de suspender actos del poder ejecutivo cuando se detectan vicios formales, tal como se ha hecho en este caso.
