Arcadi España y Ernest Urtasun inician negociaciones con un techo de gasto récord de 226.032 millones, mientras Sumar denuncia ‘pelotazos urbanísticos’ y pide sancionar a militares implicados en Ceuta
Arcadi España y Ernest Urtasun han inaugurado hoy en Madrid la negociación de los presupuestos generales del Estado para 2027, con un calendario acelerado que prevé su aprobación en el Consejo de Ministros en dos o tres semanas. El Gobierno marca como prioridades el acceso a la vivienda para jóvenes, la transición ecológica y el poder adquisitivo de los pensionistas, con un techo de gasto de 226.032 millones de euros, el más alto de la historia. Sin embargo, la alianza con Sumar enfrenta tensiones: el partido exige investigar presuntas agresiones de militares a migrantes en Ceuta, sancionar a los responsables y revisar la ley de vivienda, que califica de ‘pelotazo urbanístico’.
La reunión entre los ministros de Hacienda y Cultura, socios de gobierno, llega tras dos ejercicios fallidos en los que los presupuestos no llegaron a presentarse por falta de apoyos parlamentarios. Este año, el Ejecutivo busca blindar el Estado del bienestar y los servicios públicos, pero las diferencias con Sumar son evidentes: mientras el PSOE prioriza la estabilidad fiscal, el partido de Yolanda Díaz reclama un plan expansivo con prestaciones universales por crianza, más recursos para cuidados y una reforma fiscal que grave la riqueza.
Las críticas de Sumar van más allá de lo económico. Enrique Santiago, portavoz de Interior y Justicia, ha exigido al Ministerio de Defensa que investigue las denuncias sobre agresiones a migrantes en Ceuta, identificando a los militares implicados y, en su caso, derivando los hechos a la Fiscalía. Santiago aclaró que las denuncias no afectan a todas las Fuerzas Armadas, sino a patrullas específicas desplegadas en la ciudad autónoma. La presión aumenta tras el decreto de vivienda aprobado esta semana, que Sumar acusa de beneficiar a promotores inmobiliarios, y la ley de lobbies, que equipara a sindicatos con grupos de presión.
Gerardo Pisar ello, coportavoz de Sumar y candidato a la alcaldía de Barcelona, ha acusado al PSOE de una ‘deriva antisocial’ y ha advertido: ‘No entendemos a qué está jugando’. Su crítica refleja el malestar interno por lo que considera un giro hacia políticas que perjudican a las clases populares, en contraste con los acuerdos iniciales para proteger el bienestar social.
El contexto: dos presupuestos fallidos y un calendario ajustado
Este es el tercer intento del Gobierno de aprobar los presupuestos en cuatro años. En 2023 y 2024, las cuentas no llegaron a presentarse por la falta de apoyos en el Congreso, lo que obligó a aprobar presupuestos prorrogados. La aceleración de este año responde a la necesidad de evitar un nuevo escenario de inestabilidad, aunque las tensiones con Sumar —clave para la mayoría parlamentaria— ponen en riesgo el consenso. El techo de gasto récord, 226.032 millones, refleja la apuesta por mantener los servicios públicos, pero las demandas de Sumar, como la universalización de la educación infantil o la bonificación del transporte público, requieren recursos adicionales que no están claros.
La negociación se desarrolla en un contexto de alta polarización. Mientras el PSOE defiende medidas como la ley de vivienda —que incluye ayudas al alquiler—, Sumar las tacha de insuficientes y contrarias a sus promesas electorales. La crisis de Ceuta, con denuncias de abusos policiales y militares, añade un nuevo frente: el partido exige transparencia y sanciones, mientras el Gobierno aún no ha respondido formalmente a las acusaciones.
Las implicaciones: ¿hasta dónde llega la paciencia de Sumar?
La exigencia de Sumar de investigar las agresiones en Ceuta podría escalar si el Ministerio de Defensa no actúa con rapidez. Las denuncias, centradas en patrullas específicas, podrían derivar en una crisis institucional si se confirman los hechos. Además, la crítica a la ley de vivienda y a la de lobbies —que equipara a sindicatos con grupos de presión— refleja un descontento más amplio: Sumar acusa al PSOE de ceder a intereses privados en lugar de priorizar el bien común.
Para el Gobierno, el desafío es doble: aprobar los presupuestos sin perder el apoyo de Sumar y gestionar la crisis de Ceuta sin agravar las tensiones con la oposición. El calendario ajustado —aprobación en dos o tres semanas— deja poco margen para negociaciones largas. Si Sumar mantiene su postura, podría bloquear las cuentas, obligando a un nuevo escenario de prorrogación o incluso a elecciones anticipadas, algo que ni el PSOE ni el partido de Díaz desean a estas alturas.
Mientras, la ciudadanía observa cómo se traduce en políticas concretas el acuerdo inicial para proteger el Estado del bienestar. Las demandas de Sumar —desde la prestación universal por crianza hasta la reforma fiscal— ponen sobre la mesa la pregunta clave: ¿hasta dónde está dispuesto el Gobierno a ceder para mantener la coalición?
