El Gobierno defiende las ayudas urgentes mientras la oposición exige soluciones estructurales y devolver migrantes a Marruecos
PP, Vox y Junts han rechazado este miércoles el decreto ley del Gobierno con 309 millones de euros para Ceuta, tachándolo de «limosnas» y «tapadera de incompetencia». El texto, aprobado por el Ejecutivo para paliar la crisis tras la llegada masiva de migrantes, incluye 36,6 millones en ayudas directas a autónomos y empresas, pero las formaciones de la oposición lo califican de insuficiente y mal diseñado.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió el decreto en el Pleno del Congreso, donde urgió a su convalidación para evitar «más incertidumbre» en la ciudad. Sin embargo, PP, Vox y Junts —que no adelantaron su voto— criticaron duramente la medida. El diputado popular José Vicente Marí Bosó acusó al Gobierno de usar el dinero para «propaganda» y denunció que el decreto no garantiza que la crisis se repita. «No pueden tapar su incompetencia con dinero», advirtió, comparando las ayudas con casos anteriores como La Palma, donde solo se ejecutó el 53% del presupuesto asignado.
Por su parte, Vox exigió la devolución inmediata de los migrantes a Marruecos y calificó las ayudas de «ridículas». Su diputado José María Figaredo calculó que los autónomos y empresas recibirán de media 2.000 euros, una cifra que consideró «migajas». El diputado de Junts, Josep Maria Cruset, fue aún más contundente: el decreto es «la factura de un fracaso político», pues el Gobierno «llega tarde» con medidas de emergencia en lugar de prevenir la crisis.
Mientras, Podemos, EH Bildu y PNV anunciaron que votarán a favor de convalidar el decreto, aunque reconocieron fallos en su diseño. La medida, que ahora depende del apoyo parlamentario, refleja la división sobre cómo gestionar la crisis en Ceuta: el Gobierno apuesta por ayudas urgentes, mientras la oposición exige soluciones a largo plazo y culpan al Ejecutivo de su gestión.
El debate en el Pleno se centró en decidir si el decreto ley se deroga o se convalida, con la oposición señalando que la falta de garantías para evitar futuros episodios similares es un grave defecto. El Gobierno, por su parte, sostiene que la medida es necesaria para estabilizar la economía local y evitar un colapso social.
