Ángel Víctor Torres anuncia el inicio de los procesos administrativos, pero el conflicto por competencias sigue en los tribunales
El Gobierno central y la ciudad autónoma de Ceuta han destrabado este lunes la situación administrativa de **10 menores no acompañados** tras un acuerdo que permite iniciar sus expedientes, un mes y medio después de que la falta de un defensor del menor paralizara el proceso. Según anunció el ministro de Política Territorial, **Ángel Víctor Torres**, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la tramitación comenzó ayer bajo la supervisión del Colegio de Abogados de Ceuta, con un coste asumido por el Ejecutivo de **2 millones de euros** para evitar un colapso legal.
El conflicto surgió por la disputa entre ambas administraciones sobre quién debía contratar y pagar al defensor del menor, una figura obligatoria por la ley de asilo para reagrupar a estos menores en Marruecos o distribuirlos en la Península. Torres explicó que, aunque la Abogacía del Estado considera que es competencia de la comunidad autónoma, el Gobierno central ha asumido los fondos El ministro indicó que el Gobierno central asumió los fondos de forma inmediata mientras los tribunales resuelven el litigio. El ministro expresó que hubiera preferido que el proceso fuera más rápido, reconoció el ministro, quien insistió en que el objetivo es agilizar los expedientes pendientes.
El acuerdo es una solución de emergencia que evita una crisis humanitaria, pero deja al descubierto las tensiones entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de **Juan Jesús Vivas** (PP), que gobierna Ceuta. La ciudad autónoma, junto a Canarias, reclama que el Estado asuma estas competencias, mientras el Gobierno central ha trasladado el debate a los tribunales. Hasta ahora, la falta de un defensor del menor había bloqueado la reagrupación familiar de estos menores en Marruecos o su integración en el sistema de acogida peninsular.
Mientras, el ministro de Transportes, **Óscar Puente**, usó la misma rueda de prensa para criticar a la **Asociación Judicial Francisco de Vitoria** por lo que calificó de «corporativismo» en su defensa de resoluciones judiciales como la que suspendió el derecho al voto de los nacionalizados por la **ley de nietos**. Puente acusó a la asociación de ignorar la «realidad» y pidió al Poder Judicial un pronunciamiento «más valiente» sobre casos como este, donde, según él, algunos magistrados habrían mostrado sesgos políticos. El ministro también cuestionó la imparcialidad del ponente del Tribunal Supremo en el caso, **Antonio Narváez**, tras revelar que mantuvo un encuentro con el líder del PP, **Alberto Núñez Feijóo**, en 2023 para discutir la derogación de leyes progresistas.
El contexto político se agrava con las cifras de la **ley de memoria democrática**: el Gobierno ha inscrito a **333.696 personas** en oficinas consulares y aprobado **571.000 expedientes**, mientras el PP acusa al Ejecutivo de «adulterar el censo electoral». Torres respondió que quienes critican el aumento del censo deberían explicar por qué no votan quienes tienen derecho a hacerlo, recordando que Feijóo ya había pedido la nacionalidad para nietos e hijos de exiliados.
